“La trama del falso positivo se alimentó del crimen y la mentira como forma de gobierno”

Entrevista a Omar Rojas, Alfonso Insuasty y Norela Mesa, sobre el libro Teoría social del falso positivo en Colombia.

Por Enric Llopis | 22/03/2022 | Colombia

Alix Fabián Vargas; Omar Leonardo Triana; Jorge Vargas; Óscar Alexander Morales y Yonny Duvián Soto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA admitió a trámite, el pasado 29 de noviembre, el estudio de la posible ejecución extrajudicial de los cinco jóvenes. Los presuntos crímenes ocurrieron entre 2007 y 2008, durante la presidencia del derechista José Uribe Vélez.

La petición de análisis fue presentada por la Comisión Colombiana de Juristas, ante la presunta responsabilidad el Estado de Colombia en los siguientes hechos: secuestro, desaparición forzada y asesinato de los jóvenes, perpetrada por miembros del Ejército Nacional “para ser presentados públicamente como guerrilleros o miembros de bandas criminales dados de baja en combate, dentro del llamado patrón de los ‘falsos positivos`”.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -sistema de justicia transicional creado en los Acuerdos de Paz de 2016 entre el Gobierno y las FARC-EP- informó en febrero de 2021 de que al menos 6.402 personas “fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate”, durante el periodo 2002-2008.

Los investigadores Omar Rojas Bolaños, Norela Mesa Duque y Alfonso Insuasty Rodríguez analizan el fenómeno de los falsos positivos en la siguiente entrevista -realizada por correo electrónico- en torno al libro Teoría Social del falso positivo. Manipulación y guerra, editado por la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA).

Investigador principal y autor del libro, Omar Rojas es coronel retirado de la Policía de Colombia, sociólogo e integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz (REDIPAZ); Norela Mesa, coautora del volumen, es socióloga, docente e investigadora en la Universidad de San Buenaventura y miembro del Grupo Autónomo Kavilando. Asimismo ha participado como coautor Alfonso Insuasty, docente e investigador en la Universidad de San Buenaventura, integrante del grupo GIDAPD-CIDEH, miembro del equipo coordinador Red Interuniversitaria por la Paz (REDIPAZ) y del  Grupo Autónomo Kavilando.

P-El libro https://bit.ly/3icu5Lo fue publicado en septiembre de 2020; actualmente estáis trabajando en la segunda parte. ¿Qué líneas de investigación/novedades aportará?

Alfonso Insuasty (AI): Este libro es la continuidad del texto publicado en el 2017 titulado: “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002–2010. Obediencia Ciega en campos de batalla ficticios” (ver: https://bit.ly/3wgnsQn); apoyamos la divulgación de esta producción y articulamos esfuerzos investigativos con el Coronel Omar Rojas, para dar vida al libro del cual estamos conversando y que fue publicado por la Universidad Autónoma Latinoamericana en el año 2020 “Teoría Social del Falso Positivo Manipulación y muerte” (ver: https://bit.ly/3icu5Lo).

Luego de la publicación, mucho material quedó pendiente por procesar y nuevos interrogantes han surgido como reacciones al libro y más con los importantes avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en tanto se han logrado reveladoras declaraciones y confesiones de militares con alto rango de responsabilidad.

Así, fuimos encontrando nuevas preguntas que nos llevan a una nueva investigación que esperamos publicar este 2022, ¿cuál es la real dimensión de este fenómeno? ¿Quiénes se beneficiaron? ¿De cuantas víctimas en sí estamos hablando? ¿Qué debe pasar por el proceso formativo de un militar colombiano para que no sienta empatía alguna y permita que la misma estructura lo penetre para que acciones abiertamente criminales no lo cuestionen en lo personal? ¿Cómo se logra que acciones criminales se cataloguen como actos heroicos y que un criminal se vea como un patriota?

P- Numerosas preguntas…

AI: ¿Qué debe pasar en el sistema de poder, en esa arquitectura institucional para que este tipo de crímenes se sostengan en el tiempo y gocen de una abierta impunidad? ¿Qué debe pasar en la sociedad, sus sistema educativos, medios masivos de comunicación, para que estas acciones se avalen, acepten o in-visibilicen funcionalmente?, ¿qué debe pasar en el sistema de valores de una sociedad para que pasen de largo estas aberrantes conductas criminales y de manera sostenida?, son muchas preguntas para las cuales ya contamos con material, esperando aportar insumos para mejor comprender un fenómeno que desdice de una sociedad que se dice Democrática, que se jacta en ser defensora de vida, la libertad y que además, es mayoritariamente cristiana, católica, creyente, entre otras.

P-¿En qué consiste el fenómeno de los falsos positivos? ¿Quiénes apretaban el gatillo y qué obtenían a cambio?

AI: En sí, el fenómeno deviene del crimen tipificado como Ejecución Extrajudicial, en tanto se trata de la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado, o con la complicidad, tolerancia o aquiescencia de éstos sin un debido proceso previo, en este punto es importante recalcar que en Colombia no existe la pena de muerte y que el 15 de diciembre de 1989 la Asamblea General de la ONU bajo Resolución 44/162.2 estableció, además para las partes, la responsabilidad que cabe al Estado en prevenir estos hechos.

Vale recalcar como lo sostiene el CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular), que el grado de implicación de fuerzas oficiales en este delito de lesa humanidad, compromete de manera seria la legitimidad del aparato militar y policivo del país.

Ahora bien, este crimen ya se venía registrando en Colombia, pero durante el período 2000-2010 registró su pico más alto y en un intento de desviar la atención sobre el incremento de las denuncias, se le denominó “Falsos Positivos”, asimilando al lenguaje militar, en tanto muchos civiles no combatientes fueron presentados falsamente como resultados operacionales (“Positivos”) en el desarrollo de acciones de las Fuerzas Militares y ajunto se intentó argumentar que se trataba de hechos aislados, de “manzanas podridas”.

Esta denominación tuvo una apropiación social particular ampliando su connotación y significado como fenómeno que marca ya, desafortunadamente, la historia del país.

En este punto es procedente retomar el concepto de falso positivo que desarrolla Aponte (2011) en el libro “Persecución penal de crímenes internacionales”: (…) se trata de personas muertas sin piedad fuera de combate, ajenas al conflicto armado, pero que son puestas en escenas como ―positivos; es decir, como logros de las fuerzas armadas frente a las guerrillas, todo con el propósito de obtener beneficios en la guerra.

P-¿Qué estadísticas consideráis más veraces sobre estos asesinatos de civiles?

AI: En Colombia se han difundido varias cifras en torno a la dimensión de este crimen, de manera reciente fue la Justicia Especial para la Paz quien hizo pública la cifra que hoy se maneja y que puede seguir creciendo en la medida que avanzan las investigaciones, declaraciones en esta jurisdicción que nació gracias al acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las extintas Farc-EP en el año 2016, la cifra comunicada asciende a 6.402 personas asesinadas ajenas al conflicto armado y presentadas como dados de baja en combate, como “positivos” operacionales de las fuerzas militares.

Así la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió el macro-caso número 03 titulado: ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’. El punto de partida fue la cifra hallada en el quinto informe que entregó la Fiscalía General de la Nación a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) y los 10 listados que aportó el Ministerio de Defensa en los que incluyó 1.944 miembros de la fuerza pública interesados en llevar sus procesos judiciales ante la JEP.

P-¿Podría darse un incremento en la cifra de víctimas?

AI: Omar Rojas dice que este número seguirá creciendo en la medida que avance la JEP, cree que se supera la cifra de 10 mil víctimas, sin embargo, con los datos ya recabados, hoy se estima que este lamentable suceso puede ser aún más grave de lo que ya advierte Rojas, datos que se recogerán para el siguiente libro a publicar.

P-¿Han existido complicidades y “cooperadores necesarios” en estas ejecuciones extrajudiciales?

AI: Para que esta orgía de sangre y muerte fuese posible, se tejió toda una red de corrupción institucional que incluía fiscales, jueces, medios de comunicación, todo un entramado y estrategia de control y manipulación del relato, de la información, que incluyó incluso toda una lógica comunicativa para posicionar como héroes a las fuerzas militares ante la amenaza que significaría que esta información saliera a la luz pública.

Es así que el fenómeno mismo del “Falso Positivo” como tal, lamentablemente, como hecho sociológico y político, se configura como todo un entramado perverso que se alimenta del crimen, la mentira, la componenda, como una forma de gobernar, de relacionarse, de lograr objetivos casi siempre asociados al acaparamiento de riquezas, prestigio y poder.

Se constituyó en una forma de tomar decisiones, en un modelo, en un macro-ejercicio criminal de manipulación y muerte que se aferra del poder institucional y vive de él.

Lo peor, se eleva como modus operandi del poder, como un estilo de Gobierno que hoy caracteriza una clase política que se aferra al poder en Colombia, lo cual, de suyo, compromete de manera esencial la llamada “Democracia”, “Libertad”, “Justicia”, “Salvaguarda de los Derechos Humanos” del país.

P-¿Cuándo empezaron a conocerse estos casos? ¿Cómo reaccionaron la opinión pública y los medios de comunicación colombianos?

Norela Mesa (NM): Los casos empezaron a conocerse a partir del año 2008, pero reconociendo que obedece a una política institucional (por no decir que de Estado), los hechos en concreto se documentan desde el año 2002. Ahora bien, con respecto a la reacción de la opinión pública y los medios de comunicación, tal y como afirmábamos en el libro “Teoría Social del Falso Positivo: manipulación y guerra”, la gente tendía a validar los crímenes en función de la vieja perspectiva en la que, si usted no debe nada, no teme nada y que solo a la gente vaga, los “viciosos”, los malos, los improductivos o delincuentes le suceden este tipo de cosas.

Claro, no es de extrañar porque en un país que otrora fuera muy seguidor de Alvaro Uribe Vélez y sus políticas, sobre todo en el plano de la seguridad (la seguridad democráInvestigador principal y autor del libro, Omar Rojas es coronel retirado de la Policía de Colombia, sociólogo e integrante de la Red Interuniversitaria por la Paz (REDIPAZ); Norela Mesa, coautora del volumen, es socióloga, docente e investigadora en la Universidad de San Buenaventura y miembro del Grupo Autónomo Kavilando. Asimismo ha participado como coautor Alfonso Insuasty, docente e investigador en la Universidad de San Buenaventura, integrante del grupo GIDAPD-CIDEH, miembro del equipo coordinador Red Interuniversitaria por la Paz (REDIPAZ) y del  Grupo Autónomo Kavilando.tica) y donde este mismo personaje llegó a afirmar (y todavía lo sostiene a pesar de las mil evidencias), en el caso de los jóvenes de Soacha, que si los asesinaron no era porque estaban haciendo algo bueno como trabajar y “recoger café”, dando lugar a la legitimación de la llamada “limpieza social”.

La gente siempre piensa primero en que la víctima es un bandido en lugar de pensar que los militares con el afán de conseguir ascensos, bonificaciones, días de descanso y otros beneficios, habían orquestado toda una estrategia que les permitiera reportar bajas en combate y, por tanto, efectividad en la lucha contra la insurgencia.

P-¿Qué mentalidad operaba en los militares implicados en el fenómeno de los falsos positivos?

NM: Nunca a nadie se le ocurrió pensar que los militares colombianos tenían una estructura psicológica asociada a la psicopatía, porque cuando uno lee las resoluciones de la JEP sobre las solicitudes de sometimiento a la jurisdicción y posa atentamente la vista sobre la narrativa de los hechos, una logra quedarse estupefacta ante la frialdad, la sevicia, la inexistente empatía y respeto mínimo por la vida del otro, el pensamiento criminal en cuanto a la forma de “cranearse” (planear) los asesinatos, encubrir pruebas, simular combates u operaciones militares, “uniformar” las víctimas, conseguir armamento asociado a la insurgencia para ponerlo al lado de los cuerpos, en fin…el modus operandi completo es monstruoso.

Pero pienso que más fría queda una con la indiferencia de la gente frente a los hechos y en parte con la complicidad mediática al no darle el lugar que merece en cuanto a difusión, rechazo y condena, tanto de los hechos, como de los perpetradores directos e indirectos, empezando por la política de seguridad que la propició y su autor intelectual.

P-¿Cuáles fueron las características sociológicas y estrato social de las víctimas?

Omar Rojas (OR): La selección de las víctimas para los Falsos Positivos tenía la intención de que, en caso de denuncia por parte de sus familiares, no existiera posibilidad de que estos fueran escuchados o que autoridades no complacientes con la estrategia diera importancia al evento e investigara. Se identifican dos grupos de perfiles en las víctimas del Falso Positivo, aunque el número de las víctimas no se encuentran en la misma proporción. El primer grupo aportó alrededor del 92% de los asesinados en especial en los registrados durante el periodo 2002 – 2006.

En este caso, las víctimas se seleccionan de sectores populares de bajo nivel cultural, de comunidades campesinas e indígenas, residentes de la calle, consumidores de drogas, desempleados y jóvenes con trabajos paupérrimos que se dejaran cautivar fácilmente con propuestas de mejores trabajos. “Escogíamos a los más chirretes, a los que estuvieran vagando por la calle y dispuestos a irse a otras regiones a ganar plata en trabajos raros”, confesó Carretero, uno de los reclutadores que surtía de víctimas a los militares (El País, 2014).

El segundo grupo, al que pertenece el 0.8% de las víctimas gracias a la alianza entre militares y grupos de extrema derecha, corresponde a paramilitares indisciplinados quienes eran entregados por los comandantes de las autodefensas a los militares a fin de generar disciplina entre la tropa comandada. A este grupo se le suma, primero, los antiguos paramilitares y guerrilleros que hubieran entregado las armas ubicadas fácilmente por las anotaciones y registros que de ellos se llevan en agencias del Estado.  Segundo, integrantes de bandas criminales a quienes se les ofrecía realizar actividades ilícitas y quienes eran asesinados posteriormente. Tercero, integrantes de la guerrilla y señalados por los paramilitares de ser colaboradores de ella.

P-¿Hasta qué escalón de los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas alcanza la responsabilidad por estas ejecuciones extrajudiciales?

OR: El alcance de las investigaciones alrededor de las ejecuciones extrajudiciales durante el periodo de la política de seguridad ciudadana, conocido bajo el eufemismo Falso Positivo, evidencia un engranaje delictivo que no solamente involucra las fuerzas armadas. El Departamento Administrativo de Seguridad DAS, policía secreta del palacio de Nariño de la época, no solamente coordinó, al igual que unidades tácticas militares, con grupos paramilitares el desarrollo de la estratagema. Directivos y agentes de la dependencia participaron en las operaciones en dónde más de 10.000 personas fueron asesinadas a sangre fría, en campos de batalla ficticios.

Solamente en el periodo 2002 – 2006 la Jurisdicción Especial para la Paz ha determinado que se registraron 6.402 asesinatos. Si bien es cierto que más de 6.000 militares son responsables operativamente por la ejecución de personas, también es cierto que grupos operativos, unidades especializadas, batallones, brigadas y divisiones, tienen responsabilidad puesto que se realizaban reuniones previas al Falso Positivo en las que además de diseñar el falso enfrentamiento se impartían instrucciones de coordinación tanto a nivel interno como a nivel externo.

P-Dotaciones presupuestarias, estrategias, objetivos, controles y evaluaciones en relación con las víctimas…

-OR: Durante la planeación del evento se asignaban tareas administrativas para el transporte de las víctimas y se asignaba presupuesto para la consecución de uniformes y armamento, entre otros. Los comandantes de las fuerzas, ejército, fuerza aérea, armada y policía, tienen responsabilidad puesto que, en el plan estratégico institucional, elaborado cada año, se leía en uno de sus indicadores “número de terroristas a dar de baja en el año”.

Cada trimestre y cada semestre las unidades militares y de policía evaluaban la estrategia y al inicio de cada año los comandantes debían comprometerse con sus superiores y el Ministerio de Defensa Nacional con un número de terroristas a dar de baja en el año. Operadores de la justicia penal militar, incluyendo jueces militares, tienen responsabilidad dado que se encargaban de orientar a los soldados de cómo rendir las versiones en los tribunales, al igual que engavetar las investigaciones y cerraban los casos alegando falta de pruebas. Constitucionalmente el jefe de las fuerzas armadas en el país es el presidente de la república.

-P:¿Qué otros ejemplos destacarías de Estados, además de Colombia, que hayan utilizado los falsos positivos militares como estrategia de guerra sucia?

-OR: Existe la tendencia global del Falso Positivo, estrategia de guerra sucia, psicológica, militar, policial y política. En Kashimir el Estado recurre constantemente a la estratagema en donde, mediante falsos encuentros militares y de policía se asesina a personas alegando que mueren en enfrentamientos contra las fuerzas regulares y que ellas pertenecen a la insurgencia. Militares y agentes del Estado reciben prebendas por parte del Estado por los resultados de sus acciones. El término acuñado es el de “falsos encuentros”.

En Filipinas la estrategia es mostrar resultados contra las drogas donde fuerzas del Estado, bajo la dirección del presidente Rodrigo Duterte, han asesinado a miles de personas incluyendo niños. La Corte Penal Internacional ha anunciado la apertura de una investigación por posibles crímenes de lesa humanidad, pero el Estado no ha permitido que los investigadores ingresen al país.

En Ucrania el Estado ha recurrido a grupos ultranacionalistas de extrema derecha y neonazis conformando batallones especiales como el Azov especializado en antidisturbios y control de actos violentos en la calle los que, en compañía de otros sectores del gobierno, han asesinado más de 14.000 personas señalandolos de comunistas. Fascistas europeos no solamente apoyan el grupo, sino que han asistido a formaciones en sus instalaciones. Existen innumerables eventos de Falsos Positivos en el mundo, no solamente utilizando fuerzas regulares de combate.

P-¿Y en cuanto a América Latina?

Se ha incrementado el Falso Positivo Judicial en el que se han construido expedientes judiciales con sustentos falsos e inventados para opacar movimientos que buscan mejores condiciones para colectivos marginados. El expresidente Lula en Brasil fue objeto de uno de ellos.

P-Por último, ¿ha supuesto algún avance la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP), en vigor desde 2017? ¿Se han sustanciado responsabilidades penales en los tribunales civiles y militares colombianos?

-NM: Es de recordar que para la JEP todo lo relacionado con los Falsos Positivos se agrupan en el caso 003 denominado «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado». Para el estudio de estos casos se priorizaron seis zonas del país (Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta) y a 2019, por ejemplo, dos años después de instaurada la JEP y un año y medio después de abierto el caso (que se abrió en julio de 2018), ya 55 militares habían rendido versión sobre los casos en los que se presumía su participación, aportando con ello al compromiso de verdad, no repetición y reparación de las víctimas. A la fecha, se han realizado 388 versiones en 442 sesiones, según el reporte de la misma JEP.

También es relevante que 2.963 miembros de la Fuerza Pública han suscrito actas de sometimiento a la jurisdicción, entre los más destacados está el general retirado Paulino Coronado, el general retirado Mario Montoya y el general retirado Henry Torres Escalante. Adicionalmente, el papel de las víctimas ha sido crucial para documentar el caso y los hechos relacionados con este; a la fecha, según el mismo reporte de la JEP, 984 víctimas se han acreditado y participan de manera activa en el proceso judicial.

De hecho, a partir de las declaraciones dadas por los miliares se logró que, por ejemplo, en el municipio de Dabeiba en Antioquia, se logran exhumar 80 cuerpos que podrían pertenecer a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado colombiano, de los cuales varios de ellos se habrían hecho pasar como adversarios dados de baja en combate.

Adicionalmente, la JEP ha logrado imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad contra al menos 15 miembros del Ejército. A febrero de 2022 la JEP había reconocido en 6.402 el total de hechos victimizantes asociados al caso (ya sabemos que la cifra se supera en miles), pero lo importante es que 508 militares han comparecido ante la jurisdicción para rendir versión, aportar verdad y esclarecer en cierta medida los motivantes que tuvieron para cometer estos delitos.

No obstante, si hay una inconformidad con respecto a los casos de falsos positivos cometidos en zonas no priorizadas y ello implica reconocer que, a pesar de los esfuerzos de la JEP, su alcance es limitado para poder atender y dar respuesta a todos los crímenes cometidos por la Fuerza Pública, agentes del Estado y en general, todos los actores involucrados, por lo que termina reiterándose su valor más en el plano de los simbólico que en el plano de justicia efectiva, en la manera como la reclaman muchas víctimas.