LA USO EXIGE AL ESTADO COLOMBIANO GARANTIZAR LA VIDA

LA USO EXIGE AL ESTADO COLOMBIANO GARANTIZAR LA VIDA DE LAS COMUNIDADES DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO Y CESAR SUS PRACTICAS GUERRERISTAS

El año 2021 se selló con tres masacres, una en el departamento de Casanare, en donde tres personas de una misma familia fueron asesinadas de manera violenta por desconocidos, otra en el departamento de Putumayo y una más en la Gloria- Cesar. Con estas tres, los colombianos padecimos en total 95 masacres, cerrando uno de los años más violentos de la última década.

A menos de un año del fin del gobierno genocida de Iván Duque, quedan las evidencias de un régimen enemigo de la paz, que no solo torpedeó y evitó la implementación de los acuerdos suscritos por el Estado colombiano con las Farc, sino que dinamitó y liquidó el proceso de paz con el ELN, dejando además, una estela de sangre en todo el territorio nacional con más de 1300 líderes y lideresas sociales, y 300 excombatientes en proceso de reincorporación asesinados.


Pero, el 2022 abre con unas noticias terribles que empeoran la crítica situación para las comunidades en los territorios. El departamento de Arauca y la región de Centro Oriente Colombiano, ha sido noticia desde el 2 de enero de 2022 por el asesinato masivo de personas de esta región en donde según cifras de las autoridades suman 23 los casos.


Organizaciones defensoras de derechos humanos de la región como la José Antonio Galán Zorro y la Joel Sierra, señalan como grave la situación y sin embargo no han podido confirmar las razones o los responsables de las muertes, sin embargo, manifiestan que al parecer se trata de enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc, noticias que coinciden con lo afirmado desde los medios de comunicación.

La situación se presenta más confusa por los comunicados que, presuntamente, han emitido por un lado el Frente Martín Villa de las Farc y por el otro el Frente de Guerra Oriental del ELN, en donde se señalan mutuamente de los hechos violentos actuando de manera contrarrevolucionaria impulsados por acciones encubiertas de infiltración del ejército nacional y guiados por intereses imperialistas, del narcotráfico y delincuencial. Ya en 2004, se había presentado una guerra entre las antiguas Farc y el ELN por el control del territorio, y no sería descabellado pensar en que esta nueva guerra tenga en el fondo como responsable a la inteligencia militar como atizadora de un conflicto agudo y sangriento.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la Unión Sindical Obrera- USO, rechaza y condena de manera enfática la muerte violenta de estas personas y el estado de miedo y zozobra que padecen las comunidades, que incluso han tenido que recurrir al desplazamiento. Hacemos un llamado a los actores armados responsables de los homicidios, para que cesen este baño de sangre. Al estado colombiano en cabeza de Iván Duque a tomar las riendas de la situación y garantizar la vida y la integridad de las comunidades en toda la región del Centro Oriente; al ministro de defensa y a la comandancia de las fuerzas militares a cesar las prácticas genocidas y las modalidades de entrampamiento, infiltración e inteligencia que incentivan la violencia en el territorio e involucran a los civiles convirtiéndolos en victimas de esta confrontación.

Solicitamos a los organismos nacionales e internacionales de DDHH, actuar de manera urgente exigiendo al estado colombiano garantizar la vida y la integridad de las comunidades. A la Defensoría del Pueblo actuar de acuerdo a su mandato constitucional y legal.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ – USO