Estado de la salud en Colombia. CUT pide garantías para trabajadores de la salud

OSCAR H. AVELLANEDA | PACOCOL.ORG| 11 ABRIL 2020

Los Trabajadores del sector salud deberían tener las mejores condiciones laborales para enfrentar la pandemia. Ese es el sentido principal de la carta enviada el 7 de abril por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), a los Ministerios de Trabajo y de Salud.

La CUT hace recuento de las afectaciones que tiene el sistema y recalca que estas son producto de la ley 100 de 1993 que adoptó un enfoque de negocio, en lugar de garantía de un derecho fundamental, para la salud. Su texto es el siguiente:

La Central Unitaria de Colombia (CUT), se dirige a ustedes en el marco de la discusión en el seno de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, de las medidas del sector salud y el sector trabajo en relación a la emergencia del COVID 19, y en especial a las condiciones del personal profesional de la salud disponible para la atención de la emergencia de salud, las condiciones en las que éste se encontraba antes de la actual crisis y en especial los retos que le implica el aumento de la demanda de atenciones que se genera con el coronavirus.

En primer lugar la CUT debe recalcar en el hecho de la actual emergencia y las preocupaciones que ésta implica para el país se deben al modelo de salud adoptado en Colombia con la Ley 100 de 1993, mediante la cual se privatizó la prestación de los servicios de la salud, se adoptó un enfoque de negocio en lugar de garantía de un derecho fundamental y se dejó en manos de empresas que han demostrado durante décadas su incompetencia para la garantía del bienestar de los colombianos y colombianas y corrupción en el manejo de los recursos.

La prestación de los servicios de salud, es sorprendida por la Pandemia con una situación de deficiente cobertura nacional, de instalaciones y equipos insuficientes para garantizar la atención de la población, de medicamentos inaccesibles y costosos, y de personal prestador de los servicios precarizado, mal remunerado, sin estabilidad laboral, y sin las medidas adecuadas de salud y seguridad en el trabajo.

De los 1.800 hospitales y clínicas, solo el 2% se encuentran con registro de calidad, 930 se encuentran al borde de la quiebra, pues las EPS, el gobierno y las entidades territoriales les adeudan 21 billones de pesos.

Se cuenta con 5354 Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), lo que significa que ningún departamento cuenta con más de 2 camas por cada 10 mil habitantes, incluso 5 departamentos que no cuentan con ninguna UCI.

Escasez de infraestructura hospitalaria, poquísimas unidades de cuidados intensivos, falta de respiradores mecánicos indispensables para esta crisis y ausencia de elementos básicos de protección para el personal médico y paramédico.

En los hospitales públicos priman figuras precarias y tercerizadoras de contratación laboral, con trabajadores misionales contratados mediante contratos de prestación de servicios, mediante Cooperativas de Trabajo Asociado aun (pese a que fueron prohibidas para estos fines desde el año 2010) y mediante “Contratos Sindicales” que reemplazaron a éstas para mantener intermediaciones laborales ilegales (más de 11.386 contratos sindicales vigentes en el sector salud para el año 2019), es decir, trabajadores y trabajadoras hoy en día indispensables para la crisis afrontada por el país y que no cuentan con el reconocimiento como trabajadores, ni salarios ni prestaciones sociales, y ninguna estabilidad laboral.

La CUT solicita a los Ministerios del Trabajo, y Salud y Protección Social, que con ocasión de las facultades especiales que brinda la emergencia económica, social y ambiental que permite al Gobierno nacional legislar medidas de urgencia en relación con la respuesta al COVID 19, emita decretos legislativos y disponga presupuestalmente lo necesario para:

– Declarar el contagio del COVID 19, como enfermedad laboral para los y las trabajadoras de la salud que se encuentran prestando sus servicios desde el 17 de marzo de 2020.

– Ordenar y ejecutar el pago inmediato que las EPS adeudan a las IPS, de forma tal que éstas cuenten con los recursos económicos necesarios para la prestación de los servicios.

– Ordenar a las IPS los pagos inmediatos de salarios, honorarios, o compensaciones pactadas de cualquier manera, a los trabajadores prestadores de los servicios de salud, adeudados, y ponerse inmediatamente al día con los conceptos laborales de estos servidores.

– Ordenar y garantizar que ninguna entidad pública o privada incurra en la suspensión o terminación de contratos de prestación de servicios personales (incluidos los de servicios administrativos) durante el tiempo que dure el estado de emergencia, así como investigar y sancionar a aquellas que han adoptado estas medidas y reversarlas.

– Los recursos de la salud destinados en este momento por el Estado, deben ser directamente girados a los Hospitales-Empresa Sociales del Estado, no a las EPS.

– Creación inmediata de plantas temporales para los hospitales públicos que permitan la vinculación formal de los profesionales de la salud necesarios para atender la emergencia sanitaria.

– El Gobierno debe retomar la rectoría y control de la salud en el país.

– Ampliación de la sanidad pública, reversión de la privatización de la ley 100, que garantice una red hospitalaria y de prestadores de servicio totalmente pública.

– Formalización laboral de los servidores de la salud, transitando de los actuales contratos de prestación de servicios, vínculos mediante cooperativas de trabajo asociado, contratos sindicales y outsoursing, a contratos laborales directos.

– Garantía de prestaciones económicas efectivas por incapacidad a personas contagiadas puesto que al no tener muchos trabajadores y trabajadoras, especialmente prestadores de servicio o informales, garantizado su ingreso mínimo vital prefieren mantener las actividades y no aislarse, aumentando el riesgo de contagio y con ello la demanda de servicios de salud.

Finalmente, estas medidas van todas encaminadas a que se apropien los recursos suficientes y necesarios por parte del Estado, controlados y ejecutados directamente por la red pública hospitalaria y la realización de la formalización laboral de los trabajadores del sector de la salud.

Atentamente,
JOSÉ DIÓGENES ORJUELA GARCIA (Presidente)
EDGAR MOJICA VANEGAS (Secretario General)