Por Masiel Fernández Bolaños
Bogotá, 7 mar (Prensa Latina) Ante la violencia que sacude a Colombia, la situación de los derechos humanos vuelve a estar hoy en el centro de atención en medio de una aplastante realidad: los asesinatos no se detienen.
Al igual que durante todo el 2019, en lo corrido del año en curso, se repiten hechos violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil.
Más allá de alguna que otra diferencia en lo que a cifras se refiere, diferentes voces coinciden en señalar la persistencia de estos hechos.
Una de las fuentes que da cuenta de ello es el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en el país durante el 2019.
Según el informe, en ese periodo documentó 108 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos, una labor que considera sigue siendo de alto riesgo en este país.
Acorde con la información divulgada, se registraron 36 masacres, la cifra más alta desde 2014, lo cual implicó la muerte de 133 personas.
La Oficina pidió al Estado iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) durante las recientes protestas sociales.
También lo exhortó a seguir avanzando en la implementación de todos los puntos del Acuerdo de Paz (negociado en La Habana y firmado en 2016 por el Estado y la exguerrilla FARC-EP), de forma sostenida e integral.
Una de las reacciones desde el gobierno fue la del presidente Iván Duque, quien dijo que el informe constituye una intromisión en la soberanía de Colombia.
La polémica se acentuó tras las declaraciones de la ministra del Interior Alicia Arango, pues planteó que en Colombia son asesinadas más personas por robos de celulares que por ser defensores de derechos humanos.
Las reacciones se dispararon y diferentes voces criticaron el cuestionamiento del gobierno colombiano al informe de la ONU.
El movimiento Defendamos la Paz manifestó en un comunicado que hace suyas las preocupaciones consignadas en el informe.
Desde su instalación en 1997, esta representación de la ONU ha contribuido a prevenir, observar y visibilizar violaciones de derechos humanos mediante la documentación y la asesoría, puntualizó.
Duque ha dicho que el informe constituye una intromisión en la soberanía de Colombia. Desde Defendamos La Paz, replicamos que la defensa de los derechos humanos está por encima del principio de no injerencia en asuntos internos. Así lo han afirmado los órganos internacionales de corte universal y regional, enfatizó.
Asimismo, apuntó que el Acuerdo de Paz le dio a la Oficina funciones de verificación en derechos humanos.
Este nuevo cuestionamiento se enmarca en un patrón de enfrentamientos con el sistema de Naciones Unidas, que puede terminar configurando un ataque más al Acuerdo, aseguró.
Respaldamos al director de la Oficina, Alberto Brunori, y le pedimos al movimiento de derechos humanos expresarle su apoyo. Al gobierno le solicitamos una conversación sustancial en torno a las fundadas y necesarias recomendaciones de la Alta Comisionada, dijo.
Estamos convencidos de que la Oficina constituye un aporte a la construcción de la paz en Colombia, afirmó.
Sin embargo, otro elemento se sumó esta semana al ser presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra el informe del relator para los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst.
Según el material, Colombia es el país con los índices más altos de asesinatos contra defensores de derechos humanos en América Latina.
Unido a ello, Forst puntualizó que las amenazas en contra de esos activistas se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia.
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