LA ALCALDIA DISTRITAL PRIORIZA LA CONSECUSION DE RECURSOS PARA LA SEGURIDAD EN DETRIMENTO DE LA INVERSION SOCIAL

La Administración Distrital en cabeza de la Alcaldesa Claudia López sorprendió a los Bogotanos con la solicitud del pago voluntario del 10% del impuesto predial para la captación de recursos destinados a mejorar la seguridad ciudadana con el incremente del pie de fuerza de 1000 nuevos policías; requerimiento que no se corresponde frente al monto total del presupuesto del Distrito Capital para la vigencia del año 2020, equivalente a 21 billones de pesos (3,8 para funcionamiento y 17.2 para proyectos de inversión), destinándose 400.000 millones para seguridad.

Resulta contradictorio que en una administración de corte alternativo se le de prioridad a la consecución de recursos para fortalecer la cuestionada y deteriorada seguridad ciudadana que dista mucho de un enfoque preventivo y que frente al tratamiento de la movilización y la protesta social se permita el uso desproporcionado de la fuerza con la intervención del ESMAD que ha dejado un

número significativo de manifestantes heridos (estudiantes que han perdido sus ojos), de personas judicializadas por ejercer el derecho a la protesta y el asesinato del estudiante Dylan Cruz a finales del año pasado; de allí la necesidad de adoptar la petición que hace al Estado Colombiano el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Alberto Brunori de iniciar una profunda transformación del ESMAD.

La prioridad de la mandataria Distrital, debe de ser la consecución de recursos para la inversión social, máxime cuando la Capital de la Republica registra un incremento en los índices de marginalidad y exclusión traducidos en buena parte por las dificultades que atraviesa el sector educativo con el déficit de maestros que se cubre con más de 6.400 profesores provisionales, quienes adolecen de estabilidad laboral y se vulneran sus derechos, las dificultades de cobertura y accesibilidad a la educación pública con más de 300 mil niños y jóvenes por fuera del sistema educativo, al igual que las limitaciones en el mejoramiento de la infraestructura física de 200 sedes de colegios sin medidas de sismo resistencia y en materia de salud se registra deficiencias en el acceso oportuno a la atención básica con el cierre de centros de salud en varias Localidades por parte de la Administración anterior, generando la congestión en los servicios de urgencias de la red primaria publica de Bogotá, presentándose al mismo tiempo la ausencia de autoridad sanitaria en la red privada de salud correspondiente al 92.7% del total del sistema de salud del Distrito.

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