Gobierno desata grave crisis humanitaria en la cuna de la Amazonía colombiana

28 de febrero del 2020 Colombia.

Con el argumento de frenar la épica deforestación que están sufriendo los

Parques Nacionales de Colombia, cuna la Amazonía, el Gobierno inició la operación militar Artemisa, en medio de la cual se han expulsado a varios campesinos del territorio. En el proceso de despojo, se han denunciado graves violaciones a los derechos humanos como masivos incendios, desapariciones, judicializaciones ilegales, y ruptura de acuerdos entre Gobierno y campesinos.Líderes sociales y congresistas informan que dicha operación es sólo una ‘cortina de humo’ que busca quitarle la tierra a los campesinos para luego entregársela a los grandes inversionistas.

Estos hechos ocurren en los parques nacionales de Picacho, Tinigua y La Macarena, donde el Gobierno Nacional ha expulsado a campesinos supuestamente recién llegados. Dicha operación que empezó desde el 18 de febrero ha sido de una agresividad inmensa con presencia de helicópteros, del escuadrón antidisturbios (SMAD) y militares.

Así, hay denuncias muy graves de que en medio de la operación Artemisa los soldados aprovecharon que los campesinos llevaban a vender sus productos a un mercado, para entrar a sus fincas con gases lacrimógenos y disparos, desaparecer a unos, judicializar ilegalmente a otros y quemar algunas de sus casas, lo cual desató un incendio masivo que ha arrasado con grandes hectáreas de bosque protegido. El Gobierno le ha adjudicado la culpa de las llamas a los campesinos, para así justificar su expulsión y violación de los derechos humanos ante la sociedad en general.

“Se han judicializado campesinos por el sólo hecho de habitar dentro de los Parques Nacionales, sin tener en cuenta que muchos de ellos han vivido allí desde antes que el lugar fuera declarado como Parque Nacional. En estos operativos se han denunciado múltiples violaciones al debido proceso, tal como ha sido alertado por la sociedad civil ante la Procuraduría General de la Nación y ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá –Sala de Restitución de Tierras”, expresaron la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y Prodeter.

Hay que tener presente que muchos de estos campesinos llevan más de 50 años en la zona y les tocó vivir en medio del conflicto armado, donde se les vulneraron sus derechos sociales, económicos y humanos, ya que allí estuvo el frente 21 y 7 de la guerrilla de las FARC; en la actualidad todavía está allí la disidencia de este grupo armado. Adicional a esto, los campesinos han venido siendo abusados por ganaderos que viven en el centro del país, quienes les han hecho participar de una modalidad de negocio llamado ‘Ganado al aumento’ donde ellos tienen que cuidar a esos animales durante dos años y bajo su propio riesgo, ya que si se mueren, los campesinos no tienen ganancia.

También hay denuncias de que en medio de esta Operación Artemisa se han hecho redadas donde se han llevado a varias personas a los batallones y los han amenazado de les que les van a quitar a sus hijos para dárselos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Existe además el temor de que se puedan presentar falsos positivos ambientales, como ha habido en el resto del país, donde han matado a líderes sociales que se oponían a la explotación del territorio por parte de multinacionales avaladas por el Gobierno, y luego han dicho que estas personas eran guerrilleros peligrosos.

Por su parte el senador e la República, Wilson Arias Castillo, dice que la Operación Artemisa no tiene como fin impedir la deforestación, sino preparar el territorio para que en un futuro próximo los grandes inversores se apoderen de esas tierras. “La Criminalización a los campesinos locales están en función de futuras inversiones que requieren la praderización, la adecuación normativa que encuentra en el Plan de Desarrollo de la Orinoquía su continuidad, la inversión en infraestructura, y el consecuente acaparamiento de tierras, y Duque, al igual que Bolsonaro, parece ser más proclive a las llamas y a la fuerza que a la concertación con los campesinos”.

Hay que resaltar que es doblemente preocupande que las autoridades ambientales como lo son PNN no puedan hacer presencia ya que su director está declarado como objetivo militar por lo que sus 52 funcionarios y contratistas están fuera de la zona y que antes de los operativos contra campesinos existieron enfretamientos armados en la zona donde dos soldados perdieron la vida, por lo tanto los campesinos se encuentran entre dos fuegos. Por lo que se pide URGENTEMENTE a la ONU hacer presencia para verificar los acuerdos de paz.

El Ministerio de Ambiente, por su parte, sólo culpa de la deforestación a los campesinos, diciéndoles que tumbar dos hectáreas es igual a tumbar 200 o 300. Sin embargo, no pide que judicialicen a todos los responsables. Sólo existen quejas y denuncias contra los campesinos que tumban cinco hectáreas, pero al pie de ellos están, por ejemplo, Nebio de Jesús Echeverry Cadavid, el exgobernador del Guaviare,y un exdiputado que tumbaron entre los dos casi 2 mil hectáreas, contra quienes nadie dice o denuncai nada. Ellos son uno de los grandes deforestadores de esta región.

El Gobierno ignora a los deforestadores con grandes capitales e intereses ganaderos, insistiendo en que la desaparición acelerada del Amazona se debe a la tala de campesinos para cultivar coca. No obstante, un nuevo informe de la ONUDD afirma que sus investigadores verificaron la destrucción de 34.767 hectáreas de plantaciones de coca entre mayo de 2018 y enero de 2019. También observaron un índice de cumplimiento de 94% dentro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en 14 departamentos.

El Gobierno colombiano tampoco dice nada sobre las multinacionales petroleras, a quienes les conviene que la zona se incendie continuamente para que así deje de ser tierra protegida, y poder recibir el permiso de explotar su suelo. “Los bloques petroleros respaldados por las autoridades son los principales sospechosos de la deforestación, ya que desde que llegaron a la zona, se ha visto una

tala tipo industrial y un campesino no tiene el capital para una tala de este tipo. De igual forma, los incendios aumentaron aceleradamente desde que los bloques están allí y hay investigaciones que lo prueban” explicó Veruska Nieto, investigadora de La Macarena.

De esta manera, aunque las asociaciones campesinas habitantes de Parques Nacionales hicieron diferentes pactos con entidades del Estado, donde se estableció la ruta necesaria para solucionar el problema de la deforestación, tales acuerdos han sido incumplidos en su mayoría y al Gobierno de Hoy sólo entabla el lenguaje de la represión y la agresión.

El 26 de Febrero viajó una comision hacia el parque en la vereda El Tapir y Girasol para llevar materiales médicos de solidaridad, ya que la gente de allí no cuenta ni con pastillas para el dolor. En el Tapir se reunen unos 3 mil campesinos y en Girasol 380 personas hasta este momento se logro tambien la liberación de dos soldados retenidos, medida desesperada para lograr que alguien además de la violencia militar haga presencia en el territorio.

“Estamos tratando de contactar a Admistía Internacional, a la RIDH de Ginebra, a abogados expertos en despojo de tierras, y a quienes nos quieran escuchar para que vayan a la zona urgentemente”, añade Nieto. El Alcalde de La Macarena, Herminso Cárdenas ve con preocupación la situación y hace un llamado a que se le respete la vida y honra a la población civil, y que se solucionen los problemas con campesinos a través del diálogo, para buscarle una salida al conflicto Gobierno-Campesinos que ya se salió de las manos.

“La gente me dice ‘haga algo por nosotros’, y no está en mis manos solucionarlo. Por ello hago un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Gobernación, a los Diputados y al Presidente de la República para buscarle una salida a esta problemática”, dice Cárdenas. Otro punto que el Ministerio de Defensa y la Comunidad internacional debena tener en cuenta es que Colombia es el primer país con más desplazados internos en el mundo segun informe ACNUR con más de 7 millones de casos, por eso no es de extrañar migraciones internas de las cuales los campesinos ancestrales no son responsables y mucho menos los desplazados, es absurdo que se quemen sus casas, se les prohiba

volver y se les impute con cargos como prisión domiciliaria. Esto sólo agrava las migraciones ya no solo por parte de grupos al margen de la ley.

Fuente: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

El Jueves 28 de Febrero, ignorando todos los esfuerzos por parte de los campesinos y el gobierno local para desarrollar una mesa de diálogo el próximo 2 de Marzo, llegan denuncias de nueva incursión militar en la vereda Nueva Colombia, dicho vereda es más antigua que el municipio de La Macarena Meta.

Cronología:

Enlaces Relacionados

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/dudas-entre-erradicacion-o-sustitucion-paralizan-

comunidades-rurales-en-colombia/

https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/colombia-es-el-pais-con-mas-

desplazados-internos-informe-acnur-378716

https://comunicados.wilsonarias.net/2020/02/la-macarena-una-tragedia-

anunciada.html?m=

Petróleo, terratenientes y colonos: la disputa por la tierra en La Macarena

Territorio

26 Feb 2020 – 10:00 AM

Edinson Arley Bolaños / @eabolano

https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/petroleo-terratenientes-y-colonos-la-

disputa-por-la-tierra-en-la-macarena-articulo-906409

Campesinos de La Macarena desmienten a Min. Defensa sobre responsables de los incendios.

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