Canal boliviano desmiente a ministra de facto sobre ilegalidad

La Paz, 10 ene (Prensa Latina) La dirección de Abya Yala desmintió hoy falsas acusaciones de la ministra de comunicaciones de facto Roxana Lizárraga acerca de la supuesta ilegalidad de ese canal de televisión boliviano.

En una nota aclaratoria, subraya que Abya Yala es una entidad privada cuyos fines son la comunicación, información y educación.

‘Desmentimos de manera enérgica que se trate de un medio de comunicación propiedad de Evo Morales Ayma. En tanto entidad de derecho privado, cuenta con personería jurídica, por lo que debiera estar protegida por las leyes, como corresponde en un Estado de Derecho’, precisó el canal en un comunicado.

En respuestas a la falsa acusación, enfatizó que Abya Yala cuenta con licencia de funcionamiento, otorgada por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte en 2015 para el uso de frecuencias correspondientes al canal 41 UHF, formalizada más tarde.

‘Respecto a la representación legal de la Fundación, esta recayó en personas reconocidas en el ámbito de las instituciones sin fines de lucro así como con experiencia en la comunicación, la cultura y el periodismo’, añadió.

Recalcó que en cuanto a las obligaciones impositivas, Abya Yala ha realizado un máximo esfuerzo por cumplir sus compromisos y presentó sus estados financieros auditados en cada gestión, como establece la norma.

‘Por tanto, negamos categóricamente que exista una ‘deuda impagable’ y que haya habido evasión tributaria o favoritismo de algún tipo’, manifestó el texto.

El canal también aclaró y denunció que muchos de sus periodistas y camarógrafos sufrieron amedrentamiento, agresiones verbales, físicas (con dinamitas) y hasta amenazas de muerte, por parte de ciudadanos enardecido contrarios al Movimiento al Socialismo.

Asimismo, dijo que sus instalaciones también fueron atacadas en el sigilo de la noche, lo cual se denunció en su momento con las imágenes de respaldo, a instancias de derechos humanos y policiales.

‘Por todo lo expuesto, nos declaramos víctimas de persecución y amedrentamiento. Corresponde a las autoridades nacionales y gremios periodísticos defender el derecho a la libre expresión (…) y el derecho al trabajo de nuestro personal, como de cualquier otro medio de comunicación.’

Abya Yala señaló que el ‘cierre de medios de comunicación no debería ser tarea de ningún gobierno, menos de uno de transición, cuya única tarea es encaminar elecciones para contar a la brevedad con autoridades electas por voto popular’, concluye el comunicado.

Desde el 10 de noviembre pasado, cuando el entonces presidente Evo Morales renunció al cargo obligado por altos mandos militares y policiales, las autoridades golpistas iniciaron una persecución contra todas las personas y medios que denunciaban la asonada.

Ayer, el líder indígena repudió el decomiso de equipos de transmisión de la radio Kawsachun Coca en San Ignacio de Moxos, departamento del Beni, lo que consideró un atropello a la libertad de expresión.

En tanto, 53 radios administradas por comunidades originarias y organizaciones sociales tuvieron que dejar de transmitir espacios informativos.

Algunas de ellas fueron destrozadas por policías, militares y personas afines al gobierno de facto durante los conflictos que vivió el país entre octubre y noviembre pasados.

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