Bogotá, 19 sep (Prensa Latina) El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) en Colombia informó que en lo transcurrido del gobierno del presidente Iván Duque (poco más de un año), han sido asesinados 268 líderes y defensores de derechos humanos.
Durante el 2019 (hasta el 11 de septiembre) fueron ultimados 155 líderes y defensores de derechos humanos en 89 municipios del país, precisó en un informe sobre el tema.
Según el Instituto, son evidentes en varias regiones los beneficios del Acuerdo de Paz firmado en el año 2016 entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP, ya que tuvo un impacto positivo con relación a la reducción de cifras de varios indicadores de violencia asociada al conflicto armado.
Sin embargo, enfatizó, luego de casi tres años, hoy subrayamos que, en tiempos de implementación de dicho acuerdo, y pese a que el Estado colombiano pactó una serie de medidas para garantizar la implementación integral del mismo, hemos constatado la persistencia de la violencia sistemática en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos y exguerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación.
Pese a la importancia que reviste la puesta en marcha del Acuerdo para el cambio real de los territorios, su avance se ha visto frenado por la evidente ausencia de voluntad política del gobierno nacional, puntualizó en el ‘Informe Especial: violación a los DDHH en tiempos de paz’.
Acorde con Indepaz, ello se refleja en la falta de convocatoria de las instancias y participación efectiva, el desconocimiento de normas derivadas de lo pactado, la omisión de compromisos cobijados en documentos clave, y la falta de creación de instrumentos y mecanismos paralelos que desconocen la naturaleza del compromiso.
Diferentes voces coinciden en que varios cientos de líderes sociales, indígenas y exguerrilleros han sido asesinados en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz.
Al respecto, aumentan los llamados a su implementación integral en aras de concretar una paz con justicia social, estable y duradera.
En el caso de las comunidades indígenas y afrodescendientes, insisten en la necesidad de una presencia integral del Estado en sus territorios, al tiempo que se oponen a que haya grupos armados, sean legales o ilegales, e instan a que sean respetados sus formas propias de defensa.
En el Cauca (oeste), uno de los departamentos más violentos del país, campesinos, indígenas y líderes sociales están entre las víctimas más frecuentes de lo que la Defensoría del Pueblo ha calificado como una catástrofe humanitaria por enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley para apoderarse de las rutas del narcotráfico y por la minería ilegal.
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