CAROLINA JIMÉNEZ MARTÍN
(Extractos) La movilización estudiantil y profesoral en defensa de la educación superior ha ocupado las calles y una multiplicidad de espacios públicos para visibilizar ante la sociedad colombiana la crisis a la que asisten las instituciones públicas de educación superior.
En los diversos escenarios de organización (Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (UNEES); la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES); la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (FENARES); las asambleas estudiantiles y profesorales de las universidades públicas; los sindicatos de profesores, como ASPU y ASOPRUDEA; la Mesa de Profesoras y Profesores de la Universidad Nacional de Colombia; el Espacio de Unidad por la defensa de la educación superior; entre otros) se han planteado una serie de peticiones que en términos generales persigue:
Financiación: Incrementar la financiación de la educación superior entre 3 y 4 billones de pesos; adición presupuestal para el cierre del 2018; construcción de una ruta para resolver el déficit de 18 billones de pesos señalado por el Sistema Universitario Estatal (SUE); garantizar que la financiación contingente vaya a las universidades públicas y deje de financiar a las privadas a través de los créditos universitarios.
Fin del programa Ser Pilo Paga, rechazo a Generación E y condonación de deudas del ICETEX: Estos programas financian la demanda a través del crédito educativo y el consecuente endeudamiento de las familias colombianas. El horizonte debe ser la financiación de la oferta a través del crecimiento de las universidades públicas.
Dignificación del trabajo de los docentes de planta: Los docentes de planta tienen unas condiciones de vinculación laboral precarias que no se compadecen con su grado de formación académica y con el tiempo de horas dedicado a atender su actividad docente.
Ampliación de la cobertura con perspectiva universal: En tanto la educación se concibe como derecho humano y social, se debe garantizar acceso gratuito y universal para todos los jóvenes que deseen ingresar a la educación superior.
Resolver el déficit de las instituciones técnicas y tecnológicas.
Regulación del funcionamiento de las universidades privadas: Creación de una línea de créditos sin interés para los estudiantes de las universidades privadas, congelamiento de los costos de las matrículas y vigilancia para que el accionar de estos centros educativos esté en correspondencia con su carácter de entidades sin ánimo de lucro.
Creación de un Sistema de Ciencia y Tecnología acorde con las necesidades del país, que disponga de una financiación que garantice el impulso de los procesos de investigación e innovación.
Autonomía, democracia y gobiernos universitarios: Generar condiciones para que el gobierno universitario sea colegiado y democrático.
Sistema de Educación Superior Estatal: Lo anteriormente señalado debe lograr recogerse en un sistema de educación sostenible capaz de dar respuesta a las necesidades del país, incluyente y solidario.
Garantías plenas para la movilización (…)
El acuerdo anunciado el 26 de octubre por el presidente Duque en compañía de rectores de las universidades públicas que participan en el SUE, no solo desconoció al actor fundamental de la movilización, sino que por sus componentes resulta muy limitado para contribuir a resolver la crisis estructural que viven las Instituciones de Educación Superior (IES).
De ahí que sea ampliamente rechazado por el movimiento estudiantil y profesoral, que ha manifestado la continuidad del paro nacional y avanza en la construcción y consolidación de escenarios de unidad y articulación (…)
Entre otras, se destacan las siguientes críticas:
Limita su propuesta a una solución parcial de financiación: El crecimiento de las transferencias es positivo pero insuficiente para resolver la crisis estructural de financiación de las IES. A ello se agrega que no da condiciones de estabilización en el largo plazo ni genera rutas para resolver el déficit de inversión de 18 billones señalado por el SUE.
No establece reformas normativas: No involucra asuntos referidos a derogación de leyes que regulan funcionamiento y financiación de las IES.
Excluye la formulación de una política frente a universidades privadas y programas de subsidio de la demanda: No recoge asuntos referidos a regulación de universidades privadas, derogación de los programas que financian la demanda, condonación deudas del ICETEX y determinación de condiciones para impedir que la financiación contingente termine en manos de privadas.
Somete la financiación para la inversión en infraestructura a la voluntad política de los gobiernos locales: En tanto, el gobierno nacional no puede definir las inversiones acordadas en los OCAD, esta inversión queda sometida al criterio e intención de las autoridades locales.
No hay un compromiso de impulsar una política estatal que persiga la creación de un sistema de educación superior estatal con gobiernos universitarios.
Por estas y otras razones, el movimiento estudiantil y profesoral ha manifestado la continuidad del paro nacional y avanza en la construcción y consolidación de escenarios de unidad y articulación. (…)
Notas:
(1) Orlando Villabona (2018). «Reforma tributaria: impuestos fuente para la educación, se está buscando donde no es». Documento de trabajo N.o 2. Mesa de profesores y profesoras de la Universidad Nacional de Colombia.
(2) Carlos Quimbay (2018). «Algunas reflexiones sobre la relevancia y el desfinanciamiento de las universidades estatales: Una propuesta para la negociación». Documento de trabajo N.o 1. Mesa de profesores y profesoras de la Universidad Nacional de Colombia.
(3) Ibíd.
(4) Carta del viceministro de educación superior, Luis Fernando Pérez, a las organizaciones UNEES, ACREES y FENARES. Fechada el 23 de octubre de 2018.
10 de noviembre de 2018
Gráfica.- Revista Izquierda
Colarebo 