Colombia: ¿La Democracia, los Derechos Humanos. El Derecho Internacional Humanitario y La Corte Penal Internacional?.

Por: Tony López R.

Los diferentes gobiernos colombianos que han conducido el país desde hace 20 años  hasta el que acaban de elegir el pasado 7 de agosto, se vanaglorian  del cumplimiento de los Derechos Humanos, (DDHH), el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de lo democrático que es su país.  De apegarse a las leyes, propias o heredadas de las doctrinas legales que profesaba  el  General Francisco de Paula Santander.

Pero  examinemos la real situación que confrontan hoy tales derechos y la política de los gobiernos que detentaron el poder desde el 7  de Agosto de 1998 a la fecha , septiembre del 2018.

Cuando el pasado 10 de mayo en Suiza, Ginebra, se examinó por  el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas,  en  la sesión del Exámen Periódico Universal  (EPU) sobre Colombia. Instancia  creada en 2006 por las Naciones Unidas para monitorear y evaluar el grado de realización de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos  Civiles y Políticos en cada uno de sus 192 países miembros.  Llegaron a la siguiente conclusión  que, “pese a importantes esfuerzos, en Colombia no se han cumplido cabalmente las recomendaciones hechas al gobierno en los EPU de 2008 y 2013. Sigue habiendo graves y sistemáticas violaciones de DDHH e infracciones al Derecho Internacional Humanitario DIH, que permanecen impunes. El Estado no coopera con los procedimientos especiales del CDH, ni cuenta con un mecanismo de seguimiento participativo, lo que dificulta el monitoreo de los países examinadores y limita la posibilidad del EPU de contribuir a la construcción de la paz en Colombia.”   En resumen,  Colombia no cumple con garantizar y preservar los derechos humanos ni el Derecho Internacional Humanitario.

De otra parte, tampoco se cumple con la Corte Penal Internacional (CPI),  organismo del cual es signatario el Estado  colombiano y  la Fiscalía General de la República se niega a entregar la información a lo  relacionado  con  ejecuciones extrajudiciales que involucra a militares de alto rango, agentes del orden público implicados en desapariciones y ejecuciones,  entre ellos los llamados  “falsos-positivos”, los crímenes  y acciones contra la población civil de los paramilitares, sus patrocinadores  y los crímenes sexuales.

A propósito de la investigación y  la preocupación de la CPI, visitó  Colombia, en el mes de septiembre de pasado año 2017,  la  señora  Fatou Bensouda,  Fiscal de la Corte Penal Internacional,  uno de cuyos principales objetivos era obtener una eficaz ayuda de la Fiscalía General de la República  sobre las implicaciones  de los militares en los falsos-positivos, donde se calcula el asesinato de unos 3000 jóvenes inocentes.

Según medios de prensa  colombiana, la Fiscal Fatou Bensouda se fue muy descontenta de la reunión con el Fiscal General de la República,  Néstor Humberto Martínez, al declarar que “le habían solicitado pruebas al Fiscal que demostraran investigaciones serias y contundentes contra los militares acusados de permitir falsos-positivos y no obtuvo ningún compromiso a su solicitud”,  dichas declaraciones se produjeron a la salida de su reunión con el  Fiscal General de la República de Colombia.

La tan cacareada democracia colombiana, de acuerdo a información dada a conocer por página web  http://www.500organizacioneshablan.org,  que el Estado colombiano  no garantiza seguridad para sus ciudadanos,  “actualmente se registran 8´208.564 víctimas del conflicto armado. A pesar del Acuerdo, el conflicto armado interno persiste y los demás actores continúan infringiendo el DIH, ocasionando impactos desproporcionados sobre la población civil: desplazamientos forzados, confinamientos, bombardeos indiscriminados, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes  NNA, violencia sexual, secuestro, ataques a bienes y personas protegidas”.

“Entre 2013 y 2016 al menos 2.820 personas murieron fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica. En los 1.128 casos en que se conoce el presunto autor, el 69,93% se atribuye al Estado y a las guerrillas el 29,87%.”  “Las ejecuciones extrajudiciales continúan. En 2015 se documentaron 65 casos cometidos por miembros de las FF.AA”.

“El desplazamiento forzado persiste y presenta una tendencia al aumento. Colombia sigue siendo el país con más víctimas de desplazamiento forzado en el mundo, el 63% en la pobreza y el 33 % en la extrema pobreza”. 

“Continúan los casos de violencia sexual. Entre enero 2013 y julio 2017 se registraron 3.989 delitos contra la libertad y la integridad sexual de las mujeres”.

“Persisten barreras para el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, éstos no están adecuadamente representados en los escenarios de participación política. La respuesta institucional continúa siendo insuficiente, a lo que se suma el incumplimiento de los 96 acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y los realizados con la Minga Indígena”.

“La aplicación de la Ley 1453 de 2011 sobre seguridad ciudadana, llevó a judicializaciones masivas de líderes y organizadores de protestas pacíficas”.  La represión violenta. El uso de la fuerza por parte de la policía no respeta los estándares internacionales de proporcionalidad, necesidad, gradualidad y excepcionalidad. Desde la creación del ESMAD en 1999, miembros de este cuerpo están sindicados de cometer al menos 20 ejecuciones extrajudiciales, 780 detenciones arbitrarias, 80 casos de tortura y lesionar a 3.000 personas”.

En el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón han  asesinados a más de 400 líderes sociales, incluso casi dos centenares después de la firma de los Acuerdos de Paz, y en el mes que lleva el actual gobierno del señor Iván Duque, más de 25 dirigentes sociales y afrodecendientes e indígenas han sido víctima de las bandas paramilitares al servicio de los grandes oligarcas y la complicidad de los agentes del Estado.

El amigo lector puede colegir, que la democracia de la cual alardean los políticos y dirigentes colombianos que representan y defienden al actual modelo neoliberal que allí impera, está muy lejos de ajustarse a la verdad, los datos arriba mencionados son muy dicentes y ubican a este país muy alejado de un verdadero sistema democrático, solo citando unas pequeñas muestras de lo que acontece en este hermano país, se darán cuenta de lo falso que resulta afirmar que hay democracia en un país donde  la  desigualdades, son descomunales, la discriminación por razas, etnias, sexo y género, han conllevado a crímenes y desplazamientos forzados,  para beneficiar a los grandes latifundistas o a las empresas transnacionales.

Entonces de cuál democracia pueden hablar. En este artículo solo estoy señalando una pequeña punta del iceberg, en próximas entregas daré a conocer otros datos que la opinión pública debe conocer sobre Colombia, cuyo gobierno se ha convertido en el más fiel escudero de Estados Unidos para provocar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, acusándolo de Dictador y donde no reina la democracia, mientras el gobierno colombiano presta su territorio para desarrollar provocaciones y una muy posible intervención “militar humanitaria”.

(*)  Periodista, politólogo y Analista Internacional.

La Habana, 9  de septiembre 2018.,  Hrs. 14.30 hrs.

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