JAIME CAYCEDO TURRIAGO/
El tramo final hacia las elecciones legislativas muestra los alinderamientos de sectores sociales que se mueven en el contexto de la polarización, inducida por los factores de la extrema derecha, en su interés de echar atrás los logros del acuerdo de paz. En términos gruesos, es evidente el ascenso sostenido y sólido de Gustavo Petro.
Sin embargo, hasta el presente, no fue posible una convergencia más amplia de fuerzas identificadas en el “Si” del plebiscito, sin que pueda descartarse del todo según los resultados de las elecciones parlamentarias del 11 de marzo y de las consultas presidenciales diferenciadas, de la coalición Decentes y de la derecha.
El momento político crucial convoca a la reflexión y a la acción sin vacilaciones, en torno a la política de unidad de los comunistas y de los procesos de confluencia que se han alcanzado en medio de los dos elementos marcantes en esta campaña electoral: el temor inducidos por los grandes medios de comunicación, las calificadoras de riesgos económicos transnacionales y los distintos voceros de la derecha, tanto en el plano nacional como internacional, en relación a la nueva variante del anticomunismo que ubica en el llamado “castrochavismo” a un redivivo enemigo interno y externo; y de otro lado, la estigmatización contra la izquierda, contra FARC en su empeño por expresarse en el contexto electoral según los efectos del Acuerdo de Paz y su implementación lograda a medias; pero también contra la izquierda, contra la Unión Patriótica, las listas de Decentes y contra el candidato de este reagrupamiento fundamentalmente popular, Gustavo Petro.
Esta estigmatización y señalamiento que omite el debate de fondo sobre las ideas y las propuestas, que condena de antemano cualquier idea de reforma en la vida política del país y asusta con la avalancha mediática promovida desde el imperio, desconoce que se mueven corrientes de fondo del descontento popular con una élite gobernante desgastada, con un discurso decadente, una reiteración del autoritarismo y reproducción a ultranza del orden establecido, sin modificaciones que abrieran espacio a medidas que contrarresten la creciente desigualdad social ni el marginamiento de grandes masas de la satisfacción de sus necesidades básicas y la apertura democrática necesaria a la consolidación de un proceso de paz inconcluso y en riesgo de reversión de acuerdo con los resultados electorales.
La reflexión que proponemos convoca a expresar indignación frente a situaciones críticas de la corrupción extrema en las altas esferas del poder y los lazos que unen a los grandes poderes económicos representados por el Consejo Gremial o el Grupo Empresarial Antioqueño entre otros y las candidaturas de la derecha continuista que reclama revisar y reversar la implementación del Acuerdo de Paz suscrito con las FarcEp y el restablecimiento del diálogo entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, en el marco de una visión de paz integral. Está relación entre el desgaste del régimen político y la presión empresarial dominante que se beneficia de todos los privilegios acumulados por los más recientes gobiernos, llama a defender el orden frente a lo que presiente podría representar el comienzo de un cambio que afecta directamente sus intereses más inicuos.
De otro lado, hay que votar con indignación contra el proyecto político que subyace en la mirada de la patronal, que reclama políticas que subordinan al Estado colombiano a las definiciones del Banco Mundial en materia de política económica y social y a la pretensión de la corriente Santista de la burguesía de encasillar forzadamente, una formación económica y social absolutamente desequilibrada y desigual como es la colombiana, en el marco de la OCDE, sin tener en cuenta los tremendos abismos que la desigualdad inducida por el modelo capitalista neoliberal dominante, ha creado como deformación estructural en Colombia.
Como si fuera poco los candidatos presidenciales de la derecha apoyan los planes que enmarcan con líneas rojas las asociaciones empresariales mencionadas, las que se opusieron con preocupante obstinación a la reforma constitucional que declaró ilegal el paramilitarismo en Colombia. Muchos indicadores delatan la reticencia de los sectores empresariales más acaudalados a renunciar al paramilitarismo y su secuela de genocidio como práctica que pervive, profundamente vinculada a las políticas del Estado y a las estructuras que desarrollan el orden público y la represión social.
Ninguno de los candidatos de la derecha ha tocado con sentido crítico la relación estrecha entre la corrupción, el paramilitarismo y los acuerdos con las mafias que hacen parte de la estructura, el funcionamiento y la reproducción del régimen político actualmente existente en Colombia. El paramilitarismo pese a haber sido establecido como ilegal en Colombia continúa siendo una realidad en expansión y consolidación. Regiones enteras están bajo su control y elementos histórico-políticos tan significativos como el denominado Pacto del Parqueadero Padilla en Medellín, que rige desde finales del siglo XX, continúan siendo respetados por todos los sectores políticos de la derecha, sin excepciones, como uno de los elementos de gobernabilidad que permite al paramilitarismo jugar un papel clave en este proceso de elecciones. No es el elemento menos grave que los factores paramilitares sea un poderoso auxiliar de las candidaturas presidenciales que viven del fraude electoral continuado bajo la compra masiva de votos y la canalización del capital excedente hacia la reconfiguración y reproducción del régimen existente.
Para nada debe extrañar, en este contexto, la creciente “decapitación” de representantes del movimiento popular, cuando el Gobierno Nacional se empeña en negar la existencia del paramilitarismo y la sistematicidad de los crímenes de líderes sociales defensores de tierras, de los derechos humanos, activistas de la izquierda y ex combatientes de FARC que ya en número de medio centenar ha sido asesinados como parte de un plan que ha sido denunciado con anterioridad sin que el Estado logre de una manera creíble neutralizar esta amenaza a la vida y a las libertades esenciales de los seres humanos en Colombia. El tema de las garantías políticas, de las libertades democráticas esenciales que están escritas en la Constitución no es algo negociable ni que pueda estarse reclamando insistentemente mientras ocurren a nuestro lado los crímenes y proliferan las amenazas escritas, verbales y los actos de sabotaje e intentos de linchamiento de carácter fascista liderados por candidatos de la extrema derecha y justificados por altos funcionarios del Estado como “expresiones de democracia”.
A contrario de lo establecido por el Acuerdo de Paz en cuanto a la No Repetición, estamos en un nuevo capítulo de una inaceptable tragedia anunciada. Todo muestra que esta campaña política y electoral se está desarrollando en el marco de una real emergencia humanitaria en Colombia que las fuerzas democráticas y los sectores populares venimos denunciando con fuerza y persistencia, porque la criminalidad sin respuestas eficaces del Estado, que tiene la obligación de garantizar la vida y la integridad de los ciudadanos, sigue rampante ante los ojos del mundo que ven con dolor como pueden deshacerse las esperanzas de paz en medio de medidas como el Plan Victoria Plus y la Operación Horus, que militarizan los territorios, sin proveer garantías para la vida ni para la libertad política.
Concluimos que este panorama no puede ser incierto y que hay opciones de cambio que están disponibles bajo la valoración adecuada del peso del voto como un instrumento de lucha, de rebeldía y de respuesta alternativa al momento político. Aquí debemos resaltar una vez más, los esfuerzos desde sectores de la izquierda para converger en aspectos programáticos y coincidencias, que cobran el mayor sentido en la coyuntura. El esfuerzo de conformación de una lista nacional única al Senado de estos distintos sectores, cinco en total entre los que nos contamos Partido Comunista Unión Patriótica, Todos Somos Clara, Alianza Social Independiente-ASI, Movimiento Alternativo Indígena y Social-MAIS, Colombia Humana, acompañados de corrientes independientes y expresiones de la lucha social, representa un paso en la búsqueda de una presencia parlamentaria, comprometida con el proceso de paz y su implementación; con la batalla anticorrupción, entendida como un fenómeno estructural a vencer; con la necesidad de reformas que fortalezcan la educación pública y permitan recuperar el compromiso del Estado con una salud humanizada y no mercantil; con la necesidad de salvar el agua y combatir la minería en gran escala que desconoce los derechos de los pobladores rurales indígenas, Afros y campesinos a decidir sobre el valor de uso de sus territorios y de sus riquezas y que condena al deterioro y al abandono la soberanía agroalimentaria del país.
La campaña Decentes y sus precandidatos presidenciales Gustavo Petro y Carlos Caicedo, este último luchador consecuente en departamentos de la Costa Norte contra los voceros de la narco corrupción y el paramilitarismo habrá de dar un paso adelante en la consulta presidencial del 11 de marzo. No se trata de un voto de menor importancia. El reto es confrontar y vencer la consulta de la derecha.
Simultáneamente con el respaldo a la lista nacional de Senado Decentes y a nuestra candidata Aída Avella con el número 5, así como a las listas Decentes en 21 departamentos del país donde fueron inscritas, como en los acuerdos concertados para cámaras en los departamentos de Santander y el Valle del Cauca, habrá de fortalecerse la inconformidad del pueblo con vocerías de ruptura con la política tradicional y con el modelo de reproducción de la dominación.
Nuestro llamado a ejercer un voto sentipensante, reflexivo y al mismo tiempo con la indignación necesaria para expresar una esperanza y una vía distinta, posible y realizable en nuestro país, equivale a la convicción de que la unidad abrirá caminos después del 11 de marzo para la siguiente batalla, esto es, el necesario llamado a la convergencia para unir fuerzas y programa, en función de vencer en la primera vuelta y abrir el espacio a un gobierno democrático en la transición, para implementar plenamente los Acuerdos de Paz, reiniciar los diálogos con el ELN, avanzar en las reformas a la economía, la salud, el agro, la recuperación de lo público y en la apertura democrática, necesarias a la consolidación de un proyecto de país, distinto al Estado paramilitar que nos quiere volver a imponer la derecha.
Jaime Caycedo Turriago
Colarebo 