Después de muchos años de intentar acomodarse al Estado español, Cataluña acabó por embarcarse en el proceso de constitución como Estado independiente. Y el proceso parece irreversible.
David Minoves*
l descontento en ascenso
Durante los últimos treinta años, la parte mayoritaria del catalanismo, el eje central de la política catalana, ha intentado alcanzar su progreso nacional, su desarrollo económico, su cohesión social y la profundización de su democracia a través de la pertenencia a España.
Pese a los avances logrados con respecto a la época del franquismo, el balance de este período es claramente insuficiente ante los retos que hoy tiene Cataluña como sociedad.
El estado de opinión favorable al derecho a decidir y a la independencia se disparó hasta convertirse en mayoritario
El momento culminante de este desengaño fue el de la elaboración de la reforma del Estatuto de Autonomía, aprobado en 2005 por el Parlamento de Cataluña que, tras ser recortado en el Congreso de los Diputados en Madrid, fue ratificado en referéndum con el 73 por ciento de los votos en junio de 2006.
Cuatro años después, el 28 de junio de 2010, el Estatuto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, lo que demostró a la población que era imposible un nuevo pacto entre Cataluña y España y que para las instituciones del Estado el techo máximo de autogobierno era el estatuto de 1979.
El último intento del catalanismo para encontrar un encaje en España se produjo en diciembre de 2010, tras las elecciones autonómicas que acabaron con la experiencia del tripartito de la izquierda catalana y devolvieron la mayoría al partido de centroderecha nacionalista Convergència i Unió (CiU).
El nuevo presidente del gobierno de Cataluña, Artur Mas, presentó una propuesta de pacto fiscal parecida al concierto económico vasco y navarro para mejorar el sistema de financiación de Cataluña. Pero la propuesta encontró un “no” rotundo tanto por parte del Partido Popular (PP) en el gobierno como por parte del segundo partido tradicional, el Socialista Obrero Español (PSOE).
A partir de ese momento, el estado de opinión favorable al derecho a decidir y a la independencia se disparó hasta convertirse en mayoritario, un hecho que empezaron a detectar las encuestas de instituciones y medios de comunicación.
A las urnas
Parlamento de Cataluña en Barcelona.
Foto: Oscar Cuadrado Martinez
Por otro lado, el proceso colectivo de auto organización social que pusieron en marcha las consultas locales por la independencia cristalizó en el surgimiento de un nuevo actor que marcaria la agenda política de la sociedad civil: la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para promover la independencia de Cataluña, que bajo el eslogan “Cataluña, nuevo Estado de Europa” movilizó un millón y medio de personas en Barcelona en la manifestación del 11 de septiembre de 2012.
Como consecuencia de esta movilización, la coalición gobernante en Cataluña, la CiU, asumió como un compromiso electoral que Cataluña se convirtiera en un Estado y que se convocara una consulta sobre el futuro político de la región.
Como resultado de aquellas elecciones se forjó un acuerdo de gobernabilidad entre CiU y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el principal partido de la izquierda independentista. Es acuerdo implico el apoyo parlamentario de ERC a CiU a cambio de que en el transcurso de dos años se celebrara una consulta sobre la independencia de Cataluña.
En enero de 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración de soberanía que fue inmediatamente recurrida por el PP y posteriormente suspendida por parte del Tribunal Constitucional.
Cumpliendo el acuerdo entre CiU y ERC, en diciembre de 2013 los partidos políticos catalanes favorables al derecho a decidir pactaron celebrar la consulta ciudadana sobre el futuro político de Cataluña el 9 de noviembre de 2014 con una fórmula con doble pregunta: «¿Quiere que Catalunya sea un Estado? En caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?».
Para hacer efectivo el acuerdo, el gobierno de Cataluña intentó convocar una consulta basada en las competencias autonómicas mediante la aprobación de una ley de consultas no refrendadas, que luego sería recurrida por el gobierno de España y anulada por el Tribunal Constitucional.
Ante este bloqueo, el gobierno de Cataluña decidió suspender la consulta y sustituirla por un “proceso de participación ciudadana” que convocaba a los ciudadanos que se registrasen en locales de titularidad pública para que votasen la misma pregunta, aunque ya no sería una consulta con un censo electoral ni con las garantías previstas, ni de ella saldría un mandato democrático.
A pesar de las amenazas del gobierno de España y las consecuencias de desobedecer una sentencia del Tribunal Constitucional, el gobierno de Cataluña mantuvo el proceso del 9 de noviembre. El resultado fue que 2.305.290 catalanes votaron y un 80 por ciento de ellos respondieron favorablemente a la propuesta de un Estado independiente. Este éxito de participación fue percibido como una victoria para las fuerzas soberanistas catalanas y como una derrota y una humillación para el gobierno de España.
La reacción del presidente Rajoy fue menospreciar la votación e instar a Artur Mas a iniciar una reforma constitucional a la que él se opondría. Por otra parte la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra Artur Mas y dos miembros más de su gobierno por convocar la consulta del 9 de noviembre, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitiría por el delito de desobediencia a los tribunales.
Cataluña parece decir adiós
Manifestación en apoyo a la independencia de Cataluña.
Foto: Marc Puig i Perez
Tras cosechar unos buenos resultados en las elecciones municipales de mayo de 2015, el eje central del soberanismo catalán conformó una candidatura independentista de carácter transversal formada por Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y otras fuerzas políticas menores para concurrir a las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Esa candidatura se presentó como un instrumento a favor del sí a la independencia de Cataluña.
Por otra parte, los independentistas anticapitalistas de la CUP no se sumaron a Junts pel Sí y se presentaron con una candidatura propia.
El 27 de septiembre se realizaron unas elecciones catalanas anticipadas, en un contexto marcadamente plebiscitario, que arrojarían una mayoría absoluta de 72 diputados independentistas de dos coaliciones distintas: Junts pel Sí y CUP. El resto de candidaturas no suman suficientes diputados para conformar una mayoría alternativa.
Para la coalición independentista Junts pel Sí los resultados electorales avalaban la propuesta independentista y representaban el reto de conformar una mayoría parlamentaria y un gobierno que pusiera en marcha la hoja de ruta hacia la independencia. Por su parte, para la CUP, el resultado abría la puerta a la conformación de una mayoría independentista. Eso solo sería posible con la participación de Junts pel Sí (62 diputados) sumando con la CUP (10 diputados).
El 9 de noviembre el Parlamento de Cataluña aprobó por 72 votos a favor y 63 en contra una declaración de inicio del proceso de independencia, pactada entre Junts pel Sí y la CUP, en la que se constataba que el mandato obtenido de las urnas el día 27 de septiembre obligaba a trabajar por la creación de un Estado independiente en forma de República catalana, y que los pasos que se deberán hacer deberán ser firmes y sin supeditación a las instituciones políticas o jurídicas de España.
Un 80 por ciento de ellos respondieron favorablemente a la propuesta de un Estado independiente.
La declaración propone abrir este horizonte a todas las fuerzas políticas y sociales que defiendan la apertura de un proceso constituyente ciudadano, participativo y abierto. La declaración, finalmente, incluye una cláusula decisiva y definitiva: no se reconocerá la legalidad del Tribunal Constitucional español en Cataluña.
¿Qué sigue?
La reacción del presidente español, Mariano Rajoy fue fulminante: rechazó de plano la declaración aprobada por el Parlamento de Cataluña y anunció el recurso de inconstitucionalidad. Al cabo de 48 horas, el Tribunal Constitucional suspendió la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña por unanimidad mientras estudiaba el recurso presentado por el gobierno español.
La resolución del Tribunal implicará que cualquier actuación encaminada a hacer efectivo lo previsto en el texto aprobado en el Parlamento de Cataluña podrá ser castigada y perseguida, tanto por parte del propio Tribunal como por parte del gobierno español.
Internacionalmente, esta medida pone a los promotores de la declaración de inicio de independencia en una situación que difícilmente puede tener marcha atrás. Despreciar las sentencias del Tribunal Constitucional a partir de la nueva legalidad catalana será un mensaje inequívoco a la comunidad internacional.
Si el Gobierno español decreta la inhabilitación de la presidenta del Parlamento de Cataluña, siguiendo el mandato aprobado por el Parlamento de Cataluña, este deberá hacer caso omiso de la sentencia y continuar ejerciendo sus funciones. Si el Gobierno de España impide que la presidenta del Parlamento catalán ejerza sus funciones, el mensaje internacional será que España no acepta el resultado de las urnas e impide el normal funcionamiento de la democracia.
Y si, en cambio, la presidenta del Parlamento de Cataluña continúa ejerciendo sus funciones, esto implicaría que España ya no controla Cataluña y que Cataluña, de hecho, ha comenzado a desconectarse del país.
* Exdirector de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, miembro del Instituto Catalán Internacional por la Paz y actual presidente del Centro Internacional Escarré por las Minorias Étnicas y las Naciones.
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