Por Carmen Esquivel*
Conocidas son también sus cualidades nutritivas, su alto contenido en vitaminas, proteínas y minerales, como potasio, magnesio, fósforo, hierro y calcio; así como en antioxidantes, que previenen la aparición de enfermedades.
De ahí que se le utilice, además, para curar problemas estomacales, controlar la presión arterial, prevenir enfermedades cardiovasculares y evitar la obesidad.
El 8 de marzo, el presidente Evo Morales promulgó la Ley General de la Coca que considera a la hoja como patrimonio cultural, originario y ancestral y advierte que la planta en su estado natural no es droga.
La legislación 906 aumenta a 22 mil las hectáreas legales para su cultivo, de las cuales 14 mil 300 corresponden al departamento de La Paz, donde se encuentra la región de los Yungas, y siete mil 700 al Chapare, en el trópico de Cochabamba.
También prevé el control estatal a la cadena de producción, comercialización, transporte y exportación de la coca y el apoyo a los productores.
Para el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, el desafío en estos momentos es procesar la planta por sus cualidades alimenticias y medicinales.
Explicó Cocarico que en la actualidad se preparan infusiones de mate de coca, harinas, bebidas energizantes y ungüentos para dolores.
Esta planta es tan útil que hay que empezar a industrializarla en beneficio de la humanidad, dijo.
El ministro es consciente de la necesidad de una batalla mundial para lograr la despenalización de la hoja y legalizar el acullico a nivel internacional, porque en Bolivia el masticado ya es permitido.
En su estado natural esta hoja no es dañina, dijo Cocarico, quien hizo la comparación de la cebada y la cerveza. Ese cereal tiene atributos beneficiosos para la salud, pero si se procesa químicamente se convierte en una bebida alcohólica, recordó.
Lo mismo pasa con la coca. En su estado natural es saludable pero, lamentablemente, el proceso al que la someten para transformarla en una sustancia tóxica, como lo es la cocaína, provoca que se tienda a confundir ambos productos.
La aparición de esa droga motivó que la planta sagrada, con virtudes extraordinarias, pasara a ser penalizada, lo cual la condena a desaparecer.
Incluso en Bolivia, donde la hoja tiene un amplio uso desde hace miles de años, la legislación vigente en las últimas tres décadas promovía la erradicación de todas las plantaciones.
De ahí la importancia de aprobar una nueva normativa que delimita las zonas de producción en dos: las autorizadas y las no autorizadas.
Las primeras son las áreas originarias, con registro y catastro, donde se cultiva el arbusto para satisfacer el consumo y facilitar la investigación e industrialización.
En tanto, las segundas son aquellas sujetas a erradicación.
Algunos sectores de la oposición toman como pretexto la nueva ley para tratar de enfrentar a los productores de los yungas y el chapare y afirman que la legalización de 22 mil hectáreas traerá consigo un aumento del narcotráfico.
En respuesta a estos infundios, el presidente Evo Morales recordó que en épocas de gobiernos neoliberales, cuando Bolivia estaba sometida a Estados Unidos, en la nación andino amazónica se cultivaban 37 mil hectáreas de coca, sin embargo, durante su gobierno la cifra se redujo a 20 mil.
Gracias a las políticas implementadas durante la última década, esta nación se consolidó como la de menor superficie de coca sembrada y esto es reconocido por la ONU y la Unión Europea.
Si se compara con otras naciones sudamericanas, la diferencia es abismal. Baste señalar que en Colombia las hectáreas sembradas sobrepasan las 90 mil.
Una prueba del compromiso del gobierno boliviano en la lucha antinarcóticos es la nueva legislación de Sustancias Controladas que prevé reforzar el combate a las drogas y la incautación de bienes provenientes de ese negocio.
La iniciativa autoriza las escuchas telefónicas y la creación de jueces y fiscales para atender específicamente delitos por tráfico de estas sustancias.
También plantea beneficiar con el cinco por ciento del valor de lo incautado a las personas que brinden información para desarticular a grupos dedicados al trasiego de narcóticos.
La legislación incluye en sus anexos cinco listas de estupefacientes y psicotrópicos prohibidos por las distintas convenciones de la Organización de Naciones Unidas.
Bolivia decomisó el pasado año cerca de 148 toneladas de cocaína y marihuana y causó afectaciones al narcotráfico por 43 millones de dólares.
De acuerdo con el ministro de Gobierno Carlos Romero, este país está libre de cárteles de la droga.
Si bien aquí la hoja de coca tiene usos alimenticios y medicinales, la nación andina no es consumidora, ni productora de cocaína, sino un territorio de tránsito ilegal, fundamentalmente hacia países de Europa.
Estos resultados fueron presentados en Viena, Austria, por la delegación boliviana que participó en el 60 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la ONU.
Para el presidente Morales el enfrentamiento al flagelo pasa por la responsabilidad compartida entre productores y consumidores.
Evo expresó su preocupación por el incremento de la demanda de estupefacientes, sobre todo en Estados Unidos, donde existe la más alta tecnología para controlar ese negocio ilícito y poner fin al secreto bancario y, sin embargo, no lo hacen.
El mandatario consideró paradójico que ese país se arrogue el derecho de certificar a los productores de drogas y, sin embargo, no se puedan fiscalizar las políticas para la reducción del consumo en las naciones industrializadas.
Por esta razón Evo anunció su decisión de impulsar una iniciativa para que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) certifiquen a los consumidores de drogas, como Estados Unidos y los países europeos.
* Corresponsal de Prensa Latina en Bolivia.
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