2.000 inspectores populares se suman a la lucha por precios justos en defensa del pueblo mirandino

 juramentaciónJuan Carlos Cirillo es un corredor de seguros que vive en el municipio El Hatillo del estado Miranda, parte del Área Metropolitana de Caracas. Es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) e integra una Unidad de Batalla Bolívar y Chávez (UBCh), las instancias básicas organizativas del principal grupo político del país y que en las elecciones son elementos esenciales para garantizar las victorias de la revolución.

Cirillo, como parte de la vanguardia del partido, fue llamado a sumarse a la lucha que libra el proceso socialista contra lo que el Ejecutivo ha denominado como una guerra económica de la derecha para someter al pueblo y acabar con la Revolución. Esa guerra se basa en acaparamiento, especulación y contrabando de extracción de artículos básicos. Para enfrentar estas acciones, el psuvista se ha convertido en un Inspector Popular.

La ofensiva económica del Estado para enfrentar estos delitos tiene como uno de sus componentes las fiscalizaciones para velar por el abastecimiento de productos esenciales y los precios justos en los comercios.

La Superintendencia de Precios Justos, creada a partir de la entrada en vigencia en enero de la Ley Orgánica de Precios Justos, lidera esa batalla, y para ello, este miércoles el superintendente Andrés Eloy Méndez juramentó a 2.080 inspectores populares, distribuidos en los 21 municipios de Miranda.

Ellos tendrán lo que el superintendente llamó «el morral de Chávez», que será todo su equipamiento para inspeccionar los comercios. Así, recibirán su gorra, chaleco rojo y carnet, que los identifican como Inspectores Populares; la Ley, la Constitución y un manual para abordar a los sujetos de aplicación.

En todo el país habrá 27.000 inspectores populares y, en el caso de Miranda, fueron seleccionados dos integrantes de cada UBCh para convertirse en esta figura. «Serán los ojos y brazos de la Superintendencia en el territorio», dijo Méndez durante el acto de juramentación, desarrollado en un colegio de la parroquia Leoncio Martínez, en el municipio Sucre.

Los inspectores populares forman parte de los llamados Círculos de Lucha por el Abastecimiento y los Precios Justos, que se conforman en circunscripciones por cada 70.000 habitantes. En todo el país se constituirán 516. Cada Círculo tiene un jefe: un fiscal, que sí forma parte de la Superintendencia y será el coordinador.

En Miranda, este miércoles se juramentaron 43 fiscales, tras superar procesos formativos. Son ellos los que, luego de recibir el informe de las irregularidades que detecten los inspectores populares, podrán dirigirse al comercio y aplicar las sanciones que se deriven de la aplicación de la Ley, acompañados por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) e inspectores de la Presidencia de la República.

Esos fiscales también han sido postulados por las bases del Psuv, señaló Méndez, y explicó que de este modo se cumple uno de los mandatos del Congreso del Partido: la incorporación de la organización como vanguardia en esta lucha contra la guerra económica. «Para derrotar esta guerra convocamos a este ejército victorioso de las UBCH», enfatizó.

Defender el salario

La especulación es una de las acciones que más deben atacar los inspectores, dice Cirillo. «Es imperativo qoe podamos defender el salario de los venezolanos para que el socialismo que nos dejó como legado Chávez pueda ser posible», extimó.

El hombre de 35 años advierte que esta estrategia de la derecha afecta el bolsillo del pueblo y, con eso, su estabilidad familiar y su paz. «A las personas no les alcanza el dinero o van a los supermercados y no consiguen los productos. Hay desabastecimiento provocado», indicó.

La Ley de Precios Justos establece un margen máximo de ganancia sobre la estructura de costos de 30%. Los inspectores conocen al detalle esto y tomarán talleres de capacitación para afianzar sus conocimientos.

El Superintendente señala que nadie mejor que el pueblo para apoyar esta lucha porque la gente es la primera que sabe quién especula, acapara o desvía los productos al mercado informal.

Cirillo lo confirma. «En El Hatillo, los comercios venden la comida muy cara. A veces consigues los productos en otras zonas, como Catia o el centro de Caracas, y la diferencia de precios es abismal. Los comerciantes se aprovechan creyendo que todos los habitantes de El Hatillo tienen dinero. Ahí estamos nosotros, que somos pueblo, y no tenemos cómo sustentar esos márgenes que ellos quieren ganar. A ellos los vamos a inspeccionar», expresó.

Para el psuvista, la incorporación de la gente a esta lucha es un clamor del pueblo, que pide actuación firme contra los especuladores. «Estoy absolutamente seguro de que vamos a vencer», confió poco después de jurar, con la mano izquierda en alto, defender el salario de la familia venezolana.

Méndez les pidió a los inspectores y fiscales máxima honestidad y lealtad al legado de Chávez, en particular en un estado como Miranda que, como dijo, tiene a un gobernador de derecha y donde se produce la mayor cantidad de denuncias de delitos económicos.

Destacó que de ahora en adelante todas las fiscalizaciones de la Superintendencia deben estar acompañadas por inspectores populares, que refrendarán con sus firmas el contenido de las actas para afianzar la transparencia.

AVN

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