Daniel Estulin: «El verdadero enemigo de EE.UU. somos todos nosotros»

El origen del caso Snowden se remonta a los atentados del 11-S en EE.UU. y es una pieza más en el plan de este país por controlar las mentes de todos los ciudadanos, según aseguró el analista Daniel Estulin en declaraciones a RT.

Daniel Estulin
Daniel Estulin

Según Estulin  el objetivo de la reacción de EE.UU. ante el caso Snowden «no es detener a los terroristas, sino más bien detenernos a nosotros», puesto que «las Leyes que justifican estas tecnologías no fueron redactadas en un arrebato, fueron diseñadas específicamente para dar al Gobierno carta blanca sobre la gente durante el caso y la confusión de la era de la transición que estamos viviendo ahora mismo».

Para Estulin es crucial comprender que «el enemigo no son futuros Bin Laden o Gadaffi, nunca lo fueron. El enemigo somos todos nosotros, tanto en los aeropuertos, como en las fronteras o en las esquinas de alguna calle. A partir de ahora nos explorará la mente una nueva y asombrosa tecnología desarrollada por la Sección de Factores Humanos de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. y ese es el objetivo final de lo que estamos viendo ahora mismo».  Es precisamente por eso que «el Gobierno norteamericano está tan cabreado, porque esos secretos suyos están saliendo a la luz».
El enemigo no son futuros Bin Laden o Gadaffi, nunca lo fueron. El enemigo somos todos nosotros

 «Lo que estamos viendo hoy verdaderamente empezó a partir del 11-S   que proporcionó al Gobierno norteamericano la excusa que necesitaba, el pretexto preciso para adoptar nuevas medidas de emergencia y el proyecto de la ley antiterrorista, que unos cuantos meses más tarde, pisando los talones del 11-S, se convirtió en el ‘Homeland Security'», explicó el analista.En su opinión, el establecimiento de esta ley «privó a los ciudadanos estadounidenses de la mayor parte de sus derechos constitucionales . Asimismo, «el proyecto de ley antiterrorista, previo a juicios secretos», contemplaba «la deportación de residentes extranjeros sin seguir el procedimiento reglamentario y la confiscación de los activos de cualquier individuo u organización al que un Gobierno, cada vez más criminal, declare arbitrariamente terrorista».