Lima, 12 jun (PL) La posibilidad de una apelación familiar a instancias internacionales para obtener la libertad del expresidente peruano Alberto Fujimori fue desestimada por el procurador Anticorrupción, Julio Arbizu.
El jurista señaló «no hay ninguna posibilidad de revertir la situación» del exgobernante luego que el pasado viernes el presidente Ollanta Humala se negó a otorgarle el indulto, luego que una comisión oficial verificó que no califica para la medida por no sufrir problemas extremos de salud.
«Sería irónico que sus familiares acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», posibilidad que han planteado sus hijos Keiko, excandidata presidencial, y Kenji, congresista de la bancada Fuerza Popular, fujimorista.
Arbizu se refirió así a los duros ataques a la controvertida CIDH, lanzados por hijos y seguidores del exmandatario de 74 años, condenado en 2009 a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad que, según convenios internacionales firmados por Perú, no son pasibles de indulto.
«Puede ser una alternativa legal ir a la Corte Interamericana. No lo descartamos», señaló Kenji Fujimori, en declaraciones a una cadena internacional de noticias, al señalar que el encierro, en un cómodo presidio exclusivo, deprime y afecta la salud de su padre.
El jurista Raúl Ferrero consideró comprensibles los empeños de los hijos del preso que gobernó entre 1990 y 2010, pero señaló que no hay ninguna forma de revertir la decisión presidencial de negar el indulto.
La decisión de Humala es respaldada por fuerzas progresistas y acatada por los demás sectores políticos, con excepción del fujimorismo, e inclusive la socialdemócrata conservadora Lourdes Flores coincidió con el jefe de Estado en que se trata de un caso cerrado.
Flores llamó a Kenji Fujimori a la serenidad por considerar su actitud extremadamente beligerante, por los insultos y ataques que ha lanzado al jefe del Estado y dijo que este ejerció la potestad constitucional de indultar o no a un sentenciado por crímenes.
La dirigente insistió en su idea de que el Congreso apruebe una ley que haga posible el cumplimiento de condenas penales en la modalidad de prisión domiciliaria, opción ahora inexistente.
Esa posibilidad fue mencionada también por Keiko Fujimori, como posible propuesta al parlamento.
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