IZQUIERDA Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD FRENTE AL DELITO

gisxxiLa izquierda tiene una importante tradición intelectual que explica los problemas  de la inseguridad frente al delito y ofrece alternativas sobre cómo abordarlos. No obstante, es la derecha quien tiene la hegemonía del tema. Conviene, por tanto, recordar parte del camino andado en este campo, desde el pensamiento crítico. No como dogma, sino como un piso para la construcción, ejecución o evaluación de nuestras políticas.La identidad izquierda encuentra en la búsqueda de la igualdad sustantiva; uno de sus principales elementos de definición. Esta signada por la búsqueda permanente y tridimensional  de la igualdad/justicia: redistribución económica, de la riqueza y los medios de producción, reconocimiento cultural o legal de las diferencias y participación igualitaria en los asuntos públicos y autogobierno. Una política de izquierda, no sólo no puede sacrificar en el altar de la “seguridad” estos principios fundamentales, sino que deben garantizarlos, en lo que sea pertinente, tanto en las medidas de prevención, como en las de control penal.

SOBRE LA PREVENCIÓN

Las políticas neoliberales priorizan las tácticas de prevención situacional-ambiental, que implican la manipulación del ambiente en el que ocurren algunos delitos predatorios, para reducir sus oportunidades, aumentando los esfuerzos involucrados en la realización del delito, los riegos de detención del potencial delincuente y reduciendo las recompensas de los delitos. Clásicas tácticas de este tipo son: la videovigilancia, los servicios de vigilantes privados, enrejados y alarmas. El principal problema con estas tácticas, además de la privatización que supone, es la distribución inequitativa de sus beneficios coyunturales  y la exclusión social. Su aplicación en negocios y lugares de vida de sectores privilegiados, genera un efecto desplazamiento, que termina creando zonas seguras (comerciales, urbanizaciones) y zonas inseguras de la ciudad (zonas populares).

La alternativa de la izquierda es la prevención social, cuyas tácticas apuntan a “atacar las causas que se encuentran en la raíz del delito y la disposición de las personas a cometer delitos”. Ello implica, por una parte, una política social inclusiva, con lógica de derechos y con protagonismo de los sectores involucrados, como la que hoy tenemos. Implica también, aplicar el goce de derechos y protagonismo a personas o colectivos en riesgo de violencia (jóvenes de sectores populares urbanos); así como fortalecer  la capacidad de las comunidades para aumentar su poder de autorregulación: realizando procesos propios de resolución de conflictos (justicia restaurativa o de paz); haciéndose cargo, solidariamente, de las personas y colectivos más vulnerables, impulsando su autonomía ; realizando contraloría a la función policial  y recuperando espacios públicos controlados por la comunidad, para el deporte, las prácticas culturales y el esparcimiento.

SOBRE EL CONTROL PENAL

Las políticas de control penal de la derecha priorizan  el aumento de la tipificación de delitos y de las penas existentes; disminuyen la edad de la imputabilidad; eliminan beneficios procesales; priorizan la justicia retributiva por la restaurativa; aumentan las policías y su servicio en los sectores medios y altos; priorizan la cárcel  como pena protagónica: también invisibilizan los delitos de los poderosos.

Desde la izquierda existe un diagnóstico del fracaso del sistema penal para el cumplimiento de sus objetivos manifiestos (reparar, re-educar, resocializar): produce más daño que beneficios. En consecuencia, se impone una aproximación de reducción de daños frente él: despenalizar comportamientos; promover la disminución de penas; los beneficios procesales y penas alternativas a la privación de libertad; promover mecanismos no penales de reparación y resolución de conflictos; reformas radicales de las instituciones del sistema penal (la policía, fiscalía, tribunales, defensa pública, cárceles) eliminando sus rasgos autoritarios, profesionalizándolas, haciéndolas auditables, develando su actual carácter político a favor de los intereses de los sectores poderosos, y replanteando su trabajo en función de la eficacia en la investigación de los delitos más graves (lo que causa mayor daño social); respecto a los derechos humanos de todos los actores del proceso; reducción al mínimo de la prisión preventiva; reducción de los daños que produce la prisión.

El nacimiento de la Gran Misión “¡A toda vida! Venezuela”, en 2012, con una orientación consistente con la tradición del pensamiento crítico criminológico, es un escenario privilegiado para el debate en torno a estas ideas y su eficiencia transformadora./Prensa GisXXI