Privada de libertad oficinista del Registro Mercantil Primero por cobro y falsificación de trámites

El Ministerio Público logró privativa de libertad para Maury Armas, oficinista del Registro Mercantil Primero del Distrito Capital, ubicado en la avenida Andrés Bello de Caracas, quien fue aprehendida el pasado 22 de enero por su presunta responsabilidad en el cobro y falsificación de trámites.En la audiencia de presentación, el fiscal de la sala de flagrancia del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Eduardo Mora, imputó a Armas por la presunta comisión de los delitos de corrupción pasiva propia, forjamiento de documento público y asociación para delinquir, previstos en la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En ese sentido, el Tribunal 18° de Control del AMC, con base en los elementos de convicción expuestos por el fiscal, dictó la medida privativa de libertad para la mujer y fijó como sitio de reclusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina, mientras se cumple el lapso correspondiente para la presentación del acto conclusivo.

Asimismo, el representante del Ministerio Público imputó a los funcionarios del referido registro Orlando Escalante, Rafael Pérez y Mary Dos Santos, por presuntamente incurrir en los delitos de corrupción pasiva propia y asociación para delinquir. Mientras que el funcionario Cristóbal Blanca fue imputado por los delitos de expedición de documento falso, falsificación de documento y asociación para delinquir.

Sin embargo, el referido tribunal dictó medidas cautelares de presentación periódica para las cuatro personas y prohibición de salida del AMC. Adicionalmente, cada uno deberá presentar dos fiadores con un ingreso mensual no menor a 80 unidades tributarias para la cancelación de una fianza. Vale destacar que el fiscal apeló las referidas medidas respecto a Blanca, Pérez y Dos Santos, y solicitó aplicar el efecto suspensivo de la medida hasta tanto una instancia superior se pronuncie.

De acuerdo con la investigación, Armas habría solicitado la cantidad de 1.500 bolívares para habilitar las copias certificadas de un documento, las cuales fueron entregadas con la firma forjada del registrador y una carátula falsa. El 22 de enero, funcionarios del Ministerio Público, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional se presentaron en el mencionado registro y observaron diversas irregularidades, entre las cuales se encuentran formatos modificables de bauches bancarios y otras planillas propias de ese ente en las computadoras de los funcionarios.

Seguidamente, los cinco funcionarios fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público. Vale destacar que la fiscal 20º nacional, Katherine Haringhton, coordina las actuaciones del resto de los fiscales del Ministerio Público encargados de casos de este tipo./MP