Por Yolaidy Martínez Ruíz*
La Habana (PL) La Corte Suprema de Justicia (CS) de Estados Unidos dio carta blanca a la discriminación migratoria, al autorizar a los policías de Arizona chequear la situación legal de quienes consideren indocumentados, el punto más polémico de la ley SB 1070.
El alto tribunal de la Unión analizó la normativa en su totalidad desde principios de este año ante una demanda presentada por el gobierno del presidente Barack Obama, bajo el argumento de que las cuestiones de inmigración eran una función estrictamente federal.
Los jueces, en su mayoría conservadores, desestimaron que se convierta en delito el no portar documentos de identificación para demostrar la permanencia legal en el país, criminalizar el empleo o trabajo no autorizado por el Gobierno federal y facultar a los agentes a realizar arrestos sin orden judicial.
Pero avalaron el acápite considerado discriminatorio porque permite a los patrulleros comprobar el status legal de cualquier transeúnte o conductor de vehículos detenido por otras razones.
El laudo oficializó el temor de muchos abogados de derechos civiles sobre el establecimiento de un patrón racista con predominio del perfil étnico en las inspecciones rutinarias de ese territorio fronterizo con México, punto habitual de entrada de hispanos a Estados Unidos.
Además, le abrió el camino a otros estados para adoptar prerrogativas similares en sus legislaciones antiinmigratorias, aunque el tribunal dijo que el artículo puede enfrentar futuros desafíos constitucionales en función de cómo Arizona hace cumplir la ley.
Desde su entrada en vigor, dicha cláusula preocupó a las comunidades de extranjeros radicados en la demarcación sureña -ya sean indocumentados o residentes legales- de ser blanco de detenciones arbitrarias por el mero hecho de «lucir» o «sonar» diferente.
Incluso, provocó una baja considerable en el número de inmigrantes que usualmente buscan empleos en plantaciones agrícolas y escuelas.
Junto a Arizona, territorios como Georgia, Indiana, Kentucky, Mississippi, Carolina del Sur y Nebraska, entre otros, aguardaban por el dictamen supremo, porque disponen de proyectos similares a la ley SB1070 con el fin de hostigar a los inmigrantes hasta que opten por autodeportarse.
Los hispanos en Estados Unidos también siguieron de cerca la votación en la CS y recibieron con indignación el veredicto, considerado una victoria para sus defensores.
Muchos salieron a las calles a mostrar en público su rechazo y exigir la búsqueda de una protección total para los inmigrantes.
Grupos como la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados manifestaron su «profunda decepción» con el fallo y advirtieron sobre un incremento de las detenciones estereotipadas contra todas las minorías étnicas.
«La SB1070 ya ha provocado una brecha profunda entre los habitantes de Arizona y envalentonado a otros estados a aprobar legislaciones similares que aterrorizan a las familias inmigrantes, incluso en nuestro estado vecino de Indiana», afirmó esa organización en un comunicado.
El Supremo -aseveró la coalición- abrió las compuertas a otros estados y comunidades para aprobar medidas que ahuyenten a los extranjeros en vez de insistir en la necesidad de un sistema federal único para velar por el control y cumplimiento de la ley migratoria.
Asimismo, urgió al Gobierno a arreglar de una vez por todas el sistema migratorio y poner fin a iniciativas que «destruyen comunidades y provocan una mayor devastación económica» en Estados Unidos, creado por ciudadanos de otros países.
Para Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, la CS cometió un grave error al permitir la entrada en vigor de la cláusula y alertó que «seguirán luchando en las cortes hasta que sea declarada anticonstitucional».
Aludió, en ese punto, a la presentación de nuevos argumentos en los próximos días para fundamentar una demanda interpuesta por varias organizaciones ante el Tribunal Federal de Distrito en Arizona contra la ley SB 1070.
REPERCUSIÓN EN LA ESFERA ELECTORAL
La decisión de la Corte impactará sin dudas en el ambiente electoral de Estados Unidos, donde el tema migratorio -junto con el económico- se perfila como clave en la lucha por el apoyo latino en los comicios de 6 de noviembre.
Tanto demócratas como republicanos intentan captar el cada vez mayor y más importante voto de la principal minoría étnica de la nación.
El presidente Barack Obama consideró el laudo un triunfo, aunque se mostró «preocupado» por el impacto de la provisión que permite a los agentes el estatus legal.
«Más allá de la política, la decisión fue una victoria para las personas en todo el país cuyas vidas ahora están más seguras a causa de esta ley y la decisión de la Corte Suprema de respaldarla», dijo el mandatario, quien buscará reelegirse para un segundo mandato.
Días antes del fallo, Obama anunció un alto a las deportaciones de jóvenes inmigrantes indocumentados para permitirles obtener permisos de trabajo y continuar sus estudios en educación superior.
Dicho plan se iniciará próximamente y contemplará a quienes llegaron al país antes de cumplir los 16 años, son menores de 30, completaron la escuela secundaria, asistieron a la universidad o sirvieron en el Ejército.
Los aspirantes al proceso también deben cumplir con el requisito adicional de haber vivido en Estados Unidos durante al menos cinco años continuos y poseer un registro penal mínimo.
Con este paso, Obama buscaría capitalizar en su favor a los presuntos electores hispanos.
Para su virtual rival republicano Mitt Romney el veredicto judicial fue un verdadero revés y solo se limitó a comentar que «habría preferido que la Corte Suprema hubiera conferido más flexibilidad a los estados».
El político conservador consideraba le ley SB1070 como una legislación «modelo» porque -a su juicio- permitía a cada territorio defender y resguardar sus fronteras.
Comentarios como esos han empañado su imagen ante la comunidad latina, a la cual busca seducir centrándose en aspectos de la economía nacional por ser la mayor preocupación de todos los ciudadanos estadounidenses.
Romney afronta el tremendo desafío de acortar, a cinco meses del sufragio, la brecha de 41 puntos porcentuales con que Obama lo aventaja entre los hispanos.
Vale recordar que el actual mandatario derrotó en 2008 al republicano John McCain tras captar 67 por ciento del voto latino.
Pero quizás esta vez el jefe de Estado no tenga tanta suerte, porque lo persigue la sombra de promesas incumplidas, como lograr una reforma migratoria justa y mejorías en los principales indicadores sociales para ese sector.
Durante sus tres años y medio en el poder, la administración demócrata rompió el récord de deportación de indocumentados con cifras que solo en 2011 sobrepasaron las 400 mil personas.
Incluso, la comunidad hispana exhibe cifras de desempleo por encima de la media nacional: 10,5 por ciento frente al 8,2 por ciento general, de acuerdo con los últimos datos del Departamento del Trabajo.
Hasta ahora, el Congreso solo presentó hace un mes un intento de ley migratoria que solo beneficiaría a extranjeros que funden empresas o posean altos conocimientos tecnológicos.
Republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes estuvieron de acuerdo en adelantar una nueva pieza de legislación denominada Startup2.0, que ya había recibido luz verde en el Senado.
* Periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.
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