Duros castigos para quienes ocupen tierras anunció gobierno paraguayo

Asunción, 9 jul (PL) El ministro del Interior del aislado gobierno paraguayo, Carmelo Caballero, anunció hoy duros castigos para los campesinos que ocupen tierras, en medio de una atmósfera de tensión en el campo agrario.

La advertencia ministerial ocurrió mientras permanece la expectativa en varios lugares del país por la presencia de labriegos sin tierras acampados en carpas, quienes reclaman la entrega de parcelas alegando ilegalidad en su obtención por los latifundistas.

El foco principal de preocupación está en la zona de Ñacunday, a unos 80 kilómetros de Ciudad del Este, la segunda urbe del país, donde continúan a la espera más de cinco mil familias campesinas, las cuales fijaron al gobierno un plazo de siete días para aceptar sus demandas.

Ellas están situadas junto al latifundio de más de 30 mil hectáreas en manos de Tranqilo Favero, brasileño- paraguayo conocido como el Rey de la Soja, acusado de controlar en forma anormal la mitad de esa propiedad mediante acuerdos irregulares con fiscales y jueces.

Las familias que viven en carpas hace más de un año denunciaron las malas condiciones sufridas por ello, con varios niños fallecidos en el lugar, y ratificaron su decisión de ocupar las tierras reclamadas si no hay una solución por parte del Ejecutivo.

Caballero señaló que, tanto el ministerio como la Policía Nacional, enfrentarán cualquier acción en ese sentido, al asegurar que esto significa cumplir con la ley.

La llamada Liga Nacional de Carperos y los dirigentes locales de los campesinos celebraron urgentes reuniones con los funcionarios del Instituto de la Tierra para apoyar el reclamo de las familias afectadas y tratar de evitar incidentes mayores.

Por su parte, Favero solicitó y obtuvo un oficio judicial que ordena a la policía reforzar sus efectivos y prestar custodia al latifundista quien asegura que su vida corre peligro.

Durante el gobierno del destituido presidente Fernando Lugo, autoridades del Instituto de la Tierra realizaron una investigación sobre el latifundio y llegaron a la conclusión de irregularidades en la tenencia de unas 15 mil hectáreas reclamadas por los labriegos.

JH