Guatemala/Huehuetenango , saqueado y reprimido como hace 5 siglos atrás

Ollantay Itzamná

El Sr. Otto Pérez Molina fue elegido Presidente de Guatemala bajo la promesa electoral de “mano dura contra la violencia”. Antes y durante su campaña electoral, las denuncias públicas de violación de derechos humanos en su contra fueron recurrentes. Pero, la psicosis de inseguridad colectiva pudo más que la racionalidad democrática en la población votante.Una vez juramentado como Presidente de la República comenzó a implementar su plan de seguridad vaciando los cuarteles militares hacia las calles y carreteras del país, pero sin mayores resultados. Guatemala continúa siendo la autopista para el cargamento (droga) que surte al tranvía mexicano con dirección al Norte para volver repleta de dólares y armas hacia el Sur.

¿Por qué el Estado de sitio?

Hace dos semanas atrás, en el Municipio de Santa Cruz de Barillas, Departamento de Huehuetenango, el gobierno nacional decretó Estado de sitio, bajo el argumento de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, en una zona ecológica en la que la población se opone tajantemente, desde el 2009, a la construcción de una hidroeléctrica, en el río Cambalá.

El detonante fue la ocupación comunitaria del destacamento militar de la zona, por campesinos e indígenas del lugar, en represalia por el asesinato de un dirigente comunal y otros dos heridos por la guardia de seguridad de la empresa española Hidro Santa Cruz, ocurrida el 01 de mayo. Uno de los sobrevivientes, Pablo Antonio, declara que: “fue la guardia de seguridad de la empresa quien los atacó en revancha por resistirse a vender sus tierras y denunciar los chantajes de la empresa Hidro Santa Cruz ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos”. Esta denuncia de 2010 existe en dichas oficinas.

La descomunal medida de Estado de sitio cobraría algo de sentido si acaso fuese para perseguir y capturar a los criminales que asesinaron y balearon a los habitantes del lugar. Pero no. 1, 200 elementos combinados del ejército y policía nacional, con armas de guerra, revuelcan las casas de campesinas y campesinos de la zona para capturar a todos cuantos se oponen a la hidroeléctrica española. ¿Cuánto dinero dejará esta hidroeléctrica para Guatemala?

¿Resistencia a la hidroeléctrica o a las minas?

Según los pobladores, ellos se resisten al proyecto de la hidroeléctrica porque esta obra destruirá a las cataratas, los ecosistemas naturales y los santuarios espirituales de las comunidades. Además, ellos sostienen que la empresa compró las tierras para escarbar y buscar minerales que terminará empobreciéndolos y expulsándolos de sus lugares ancestrales.

Las sospechas de las comunidades contra la minería tienen sustento documental e histórico. Según los registros del vice Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (mayo, 2012), en el Departamento de Huehuetenango operan 20 licencias de explotación de minería metálica y 13 licencias para obras de exploración. En total, 33 licencias de proyecto de minería metálica para un solo departamento de los 22 que tiene Guatemala. ¿Habrá alguien fuera de riesgo, en dicho Departamento, de las amenazas de las consecuencias de la actividad minera?

Esta resistencia al metal demoníaco en Huehuetenango proviene desde la época de la invasión española. Severo Martínez Peláez, en su libro: La Patria del Criollo, citando al cronista Fuentes y Guzmán, narra los métodos que los indígenas tenían para esconder las vetas mineras de la vista de los españoles. No tanto por el valor del oro, sino porque el nacimiento de una mina era una verdadera calamidad para las poblaciones de las comarcas circundantes.

Huehuetenango, cinco siglos de resistencia a la maldición de la mina

En el siglo XVI, en el poblado de San Francisco de Motozintla (entonces perteneciente al Corregimiento de Huehuetenango, actual jurisdicción del Estado de Chiapas), un cura español, Fray Francisco Bravo, doctrinero del lugar, demoró un año y medio para sacarle a la comunidad la noticia sobre la existencia de una mina en las proximidades de dicho poblado. El cura prometió públicamente guardar el secreto de confesión. La población creyó y llevó al cura con los ojos vendados al lugar para que tomara el oro. Una vez que el cura salió para España, reveló la Buena Nueva del oro a la Audiencia de Guatemala. Ésta envió a un Oidor a Motozintla para torturar a la población y averiguar sobre dicho yacimiento (MARTÍNEZ.1994: 238-240)

La historia dice que los indígenas de Motozintla prefirieron ser colgados y morir uno tras otro, pero ninguno reveló la ubicación del yacimiento. Esta historia nos indica que en Huehuetenango, como en otros rincones del mundo, las y los originarios conscientes no necesitamos de estudios ambientales para saber sobre la maldición de la riqueza del oro sobre nuestras vidas.

Lo más ilustrativo de esta historia del siglo XVI, con relación con lo que ocurre actualmente en Santa Cruz Barillas de Huehuetenango, es que el sistema colonial no ha cambiado, como tampoco sus actores, ni sus métodos de saqueo. Al igual que en la colonia, el dueño de la calamitosa empresa Hidro Santa Cruz es el español Luis Castro Valdivia (propietario también de varias otras empresas de energía en España y Latinoamérica), originario de La Coruña, acusado por la Fiscalía de su país por “tráfico de influencias”, en 2007. Hace como más cinco siglos atrás, los criollos actuales, desde el Estado etnofágico, utilizan la fuerza bruta para someternos y despojar de nuestras fuentes de vida a cuantos sobrevivimos a la aniquilación colonial.

En Guatemala, los monocultivos para la exportación adquieren carta de ciudadanía privilegiada, y degluten a las pocas milpas que quedan para la alimentación nacional. Y cuando la población, por instinto de sobrevivencia, se rebela en contra de esta despiadada ocupación y saqueo neoliberal, el gobierno que regenta un Estado a la medida de los intereses foráneos, aplica su plan de seguridad para reprimir a la reserva intelectual y moral de la soberanía nacional que son los movimientos sociales e indígenas. En esto consiste la política de mano dura del Sr. Otto Pérez Molina: en militarizar el territorio nacional para garantizar el libre flujo del cargamento y de las divisas, y criminalizar y aniquilar a las organizaciones sociales que se resisten al crimen legalizado.


Ollantay Itzamná

El Sr. Otto Pérez Molina fue elegido Presidente de Guatemala bajo la promesa electoral de “mano dura contra la violencia”. Antes y durante su campaña electoral, las denuncias públicas de violación de derechos humanos en su contra fueron recurrentes. Pero, la psicosis de inseguridad colectiva pudo más que la racionalidad democrática en la población votante.

Una vez juramentado como Presidente de la República comenzó a implementar su plan de seguridad vaciando los cuarteles militares hacia las calles y carreteras del país, pero sin mayores resultados. Guatemala continúa siendo la autopista para el cargamento (droga) que surte al tranvía mexicano con dirección al Norte para volver repleta de dólares y armas hacia el Sur.

¿Por qué el Estado de sitio?

Hace dos semanas atrás, en el Municipio de Santa Cruz de Barillas, Departamento de Huehuetenango, el gobierno nacional decretó Estado de sitio, bajo el argumento de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, en una zona ecológica en la que la población se opone tajantemente, desde el 2009, a la construcción de una hidroeléctrica, en el río Cambalá.

El detonante fue la ocupación comunitaria del destacamento militar de la zona, por campesinos e indígenas del lugar, en represalia por el asesinato de un dirigente comunal y otros dos heridos por la guardia de seguridad de la empresa española Hidro Santa Cruz, ocurrida el 01 de mayo. Uno de los sobrevivientes, Pablo Antonio, declara que: “fue la guardia de seguridad de la empresa quien los atacó en revancha por resistirse a vender sus tierras y denunciar los chantajes de la empresa Hidro Santa Cruz ante la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos”. Esta denuncia de 2010 existe en dichas oficinas.

La descomunal medida de Estado de sitio cobraría algo de sentido si acaso fuese para perseguir y capturar a los criminales que asesinaron y balearon a los habitantes del lugar. Pero no. 1, 200 elementos combinados del ejército y policía nacional, con armas de guerra, revuelcan las casas de campesinas y campesinos de la zona para capturar a todos cuantos se oponen a la hidroeléctrica española. ¿Cuánto dinero dejará esta hidroeléctrica para Guatemala?

¿Resistencia a la hidroeléctrica o a las minas?

Según los pobladores, ellos se resisten al proyecto de la hidroeléctrica porque esta obra destruirá a las cataratas, los ecosistemas naturales y los santuarios espirituales de las comunidades. Además, ellos sostienen que la empresa compró las tierras para escarbar y buscar minerales que terminará empobreciéndolos y expulsándolos de sus lugares ancestrales.

Las sospechas de las comunidades contra la minería tienen sustento documental e histórico. Según los registros del vice Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (mayo, 2012), en el Departamento de Huehuetenango operan 20 licencias de explotación de minería metálica y 13 licencias para obras de exploración. En total, 33 licencias de proyecto de minería metálica para un solo departamento de los 22 que tiene Guatemala. ¿Habrá alguien fuera de riesgo, en dicho Departamento, de las amenazas de las consecuencias de la actividad minera?

Esta resistencia al metal demoníaco en Huehuetenango proviene desde la época de la invasión española. Severo Martínez Peláez, en su libro: La Patria del Criollo, citando al cronista Fuentes y Guzmán, narra los métodos que los indígenas tenían para esconder las vetas mineras de la vista de los españoles. No tanto por el valor del oro, sino porque el nacimiento de una mina era una verdadera calamidad para las poblaciones de las comarcas circundantes.

Huehuetenango, cinco siglos de resistencia a la maldición de la mina

En el siglo XVI, en el poblado de San Francisco de Motozintla (entonces perteneciente al Corregimiento de Huehuetenango, actual jurisdicción del Estado de Chiapas), un cura español, Fray Francisco Bravo, doctrinero del lugar, demoró un año y medio para sacarle a la comunidad la noticia sobre la existencia de una mina en las proximidades de dicho poblado. El cura prometió públicamente guardar el secreto de confesión. La población creyó y llevó al cura con los ojos vendados al lugar para que tomara el oro. Una vez que el cura salió para España, reveló la Buena Nueva del oro a la Audiencia de Guatemala. Ésta envió a un Oidor a Motozintla para torturar a la población y averiguar sobre dicho yacimiento (MARTÍNEZ.1994: 238-240)

La historia dice que los indígenas de Motozintla prefirieron ser colgados y morir uno tras otro, pero ninguno reveló la ubicación del yacimiento. Esta historia nos indica que en Huehuetenango, como en otros rincones del mundo, las y los originarios conscientes no necesitamos de estudios ambientales para saber sobre la maldición de la riqueza del oro sobre nuestras vidas.

Lo más ilustrativo de esta historia del siglo XVI, con relación con lo que ocurre actualmente en Santa Cruz Barillas de Huehuetenango, es que el sistema colonial no ha cambiado, como tampoco sus actores, ni sus métodos de saqueo. Al igual que en la colonia, el dueño de la calamitosa empresa Hidro Santa Cruz es el español Luis Castro Valdivia (propietario también de varias otras empresas de energía en España y Latinoamérica), originario de La Coruña, acusado por la Fiscalía de su país por “tráfico de influencias”, en 2007. Hace como más cinco siglos atrás, los criollos actuales, desde el Estado etnofágico, utilizan la fuerza bruta para someternos y despojar de nuestras fuentes de vida a cuantos sobrevivimos a la aniquilación colonial.

En Guatemala, los monocultivos para la exportación adquieren carta de ciudadanía privilegiada, y degluten a las pocas milpas que quedan para la alimentación nacional. Y cuando la población, por instinto de sobrevivencia, se rebela en contra de esta despiadada ocupación y saqueo neoliberal, el gobierno que regenta un Estado a la medida de los intereses foráneos, aplica su plan de seguridad para reprimir a la reserva intelectual y moral de la soberanía nacional que son los movimientos sociales e indígenas. En esto consiste la política de mano dura del Sr. Otto Pérez Molina: en militarizar el territorio nacional para garantizar el libre flujo del cargamento y de las divisas, y criminalizar y aniquilar a las organizaciones sociales que se resisten al crimen legalizado.

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