Una ley busca ampliar espectro radioeléctrico para una comunicación más popular

Ampliar el espectro radioeléctrico para promover una comunicación más popular, alternativa y comunitaria, generada desde las organizaciones y movimientos sociales, es el objetivo del proyecto de Ley de Comunicación Popular, que será debatido este martes en la tarde en la Asamblea Nacional, en su segunda discusión.
El texto, compuesto por 31 artículos y aprobado en primera discusión en el 2011, plantea asignar a los medios de comunicación alternativos y comunitarios una nueva institucionalidad para consolidar el derecho a las comunidades a estar informadas, desde su propias realidades y con comunicación que responda a sus intereses.

“Entre los elementos más importantes que se han planteado dentro de la Ley está la democratización del espectro radioeléctrico, porque hasta la fecha está dividido en dos sectores: público y privado. Por esto
estamos buscando un equilibrio. A estos medios de comunicación (comunitarios), que son los que construyen la patria, los que nos enseñan la realidad de la comunidad, ahora les ampliamos su participación y les reconocemos los derechos que tienen”, destacó el diputado socialista Juan Carlos Alemán.

En la actualidad existen aproximadamente 1.200 medios alternativos y comunitarios. La idea es ampliar la cantidad “y así darle forma y contenido al fenómeno sociopolítico de la comunicación popular”, agregó el coordinador del movimiento social de medios alternativos y comunitarios, Miguel Ugas.

Entre los puntos más destacados del proyecto legal está la creación de un fondo para la sustentabilidad y mantenimiento de los medios comunitarios.

Los diputados socialistas que integran la comisión de medios de la AN promovieron en los últimos meses del año pasado foros y debates en el seno de los movimientos de comunicadores alternativos, cuyos aportes fueron ensamblados en la propuesta definitiva.

La bancada opositora de la AN se opuso en la primera discusión de la ley, presentada por el poder popular, y no vaciló en calificar el instrumento legal de fraude y “perjudicial” para los mismos medios comunitarios.

RM

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