Parlamento ecuatoriano, el poder en disputa

Pedro Rioseco

Las acciones de la oposición ecuatoriana perfilan claramente su intención de convertir la Asamblea Nacional (Parlamento) en el escenario en disputa, para intentar desde ese poder del Estado obstaculizar el avance de la Revolución Ciudadana.  Muestra de ello es la aprobación, por una mayoría de 53 votos de los asambleístas presentes en el Pleno, de una resolución para negar un proyecto de reforma tributaria enviado por el Ejecutivo con carácter urgente, y querer imponerlo sin la mayoría requerida de 63 votos.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, restó importancia la víspera a ese intento de negar el proyecto enviado el 24 de octubre por el Ejecutivo, y advirtió que la Legislatura está obligada a emitir sus observaciones en un plazo de 30 días.

En caso contrario, se convertirá en ley el próximo 24 de noviembre por el procedimiento constitucional conocido como «Ministerio de la Ley», que faculta al Ejecutivo en los casos de carácter urgente a promulgarla si no se pronuncian en el plazo fijado.

Correa cuestionó la forma como se aprobó la resolución, con 53 votos de 124 asambleístas, cuando para avalar una ley se requiere la mayoría simple de 63 votos.

Agregó que eso no es una resolución, sino un petitorio que, viniendo de la oposición lo ignorará porque sabe lo que buscan. Afirmó que la reforma es favorable para las grandes mayorías y que, así como crea ciertos tributos, también elimina otros.

Entre estos, dijo el mandatario, contempla la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la compra de repuestos e insumos del transporte urbano, y el gravamen a terrenos de baja productividad (sector ganadero).

La asambleísta coordinadora de la bancada del gobernante Movimiento PAIS, Paola Pabón, dijo que nunca se ha procedido con tanta ligereza respecto a un tema tan importante, incurriendo no sólo en una ilegalidad sino en una inconstitucionalidad.

Según Pabón, lo que defendieron los opositores «a brincos y saltos» eran los intereses de las tabacaleras, licoreras e importadoras de autos, y recordó que ese proyecto no se pudo debatir en el Pleno porque la Comisión careció de quórum para elaborar el informe.

Precisamente, fue la retirada de dos asambleístas opositores integrantes de la Comisión Legislativa de lo Económico, lo que impidió cumplir con el procedimiento establecido de aprobar un informe sobre el proyecto y presentarlo luego a debate en el Pleno.

De forma simultánea, el Pleno legislativo se enfrenta a un debate interminable sobre el proyecto de Ley de Comunicación, cuyos puntos esenciales fueron consensuados entre las distintas bancadas hace meses, y ahora la oposición quiere plantear un nuevo proyecto.

Esta norma fue un mandato de la Constitución de Montecristi el 2008 a la Asamblea Nacional para que fuera promulgada en un año, pero ya lleva dos años de retraso a ese plazo y los fuertes intereses de los grandes medios de prensa privados siguen boicoteándola.

Más aún, el referendo y consulta popular del pasado 7 de mayo estableció claramente la obligatoriedad de la Asamblea Nacional de promulgar una Ley de Comunicación y crear un órgano regulatorio, mandato que, igualmente, algunos intentan demorar o ignorar.

La deserción de algunos asambleístas que fueron electos dentro de las candidaturas propuestas por el Movimiento Alianza PAIS, y la separación de este bloque de otros grupos con cuyo apoyo contaron los primeros años, afectó la mayoría del gobierno en el Parlamento.

Sin embargo, con apoyo coyuntural individual en los últimos proyectos presentados a debate se ha logrado reunir la mayoría de 63 votos y aprobar en el Parlamento leyes y resoluciones importantes, pese a un pulseo constante con la oposición.

La situación interna de la Función Legislativa y la posibilidad de que ésta se convierta en obstáculo permanente para cumplir los objetivos de la Revolución Ciudadana, ha sido tratada en varias ocasiones por Correa al advertir incluso una posible «muerte cruzada».

Este mecanismo constitucional prevé el pedido del Ejecutivo de disolución de la Asamblea Nacional unido a la deposición de su cargo, para convocar de inmediato a elecciones donde el pueblo decida la composición de un nuevo Parlamento y elija Presidente.

Al entrar el 2012 en un año previo a los comicios generales de enero del 2013 parecería poco probable esta opción, siempre que se logre obtener una mayoría simple coyuntural en la Asamblea Nacional que permita la radicalización de la Revolución anunciada por Correa.

En caso contrario, el previsto escenario de confrontación parlamentario podría alterar el curso normal de un proceso, en el cual se esperan importantes decisiones legislativas sobre temas establecidos en la Constitución y que aún permanecen pendientes.

De todas formas, lo que cada vez se ve más claro es que al ser indiscutido el liderazgo de Correa en las próximas elecciones presidenciales, la verdadera batalla en las urnas será por obtener una mayoría parlamentaria que permita la gobernabilidad./PL

RM