Un nuevo informe sobre las ejecuciones extrajudiciales en Colombia revelado hoy sostiene que esa práctica aún se mantiene por parte de la fuerza pública a lo largo y ancho de todo el país.
De acuerdo con un reporte del diario El Espectador, que cita un documento del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) a divulgarse oficialmente en los próximos días, existen 961 casos registrados entre 1988 y 2011.
No obstante la referida organización jesuita expone posibles situaciones irregulares que habrían dejado mil 741 víctimas.
A su vez, en el informe -siempre según la fuente- queda constancia de que los asesinatos de civiles hechos pasar por guerrilleros o criminales no corresponden exclusivamente a la era del expresidentes Álvaro Uribe (2002-2010).
El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales estalló en octubre de 2008 por denuncias en la prensa, y si bien fueron destituidos varios oficiales, las investigaciones avanzan lentamente.
Para muchos la política de incentivos del Gobierno a los militares que entreguen cuerpos y armamento de presuntos integrantes de los grupos armados ilegales es el principal factor que favorece el asesinato de civiles.
Estos son luego presentados como presuntos guerrilleros o delincuentes muertos en combate.
Por otra la parte, la existencia del citado informe se conoce en medio de un debate sobre la ampliación de los alcances del fuero militar, que pretende blindar a los uniformados jurídicamente.
Todo esto en medio del fervor gubernamental por la muerte del máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano.
Sin embargo, la discusión sobre el fuero militar ha encontrado resistencia, pues algunos consideran que su ampliación abriría un camino hacia la impunidad./PL
RM
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