Acuerdo entre pueblo guaraní y gobierno signa semana boliviana

La semana noticiosa que culminó hoy estuvo matizada aquí por los primeros acuerdos del encuentro entre una comisión del gobierno boliviano integrada por cinco ministros de Estado y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). El pacto, firmado en la comunidad de Urundaytí, provincia oriental de Camiri, establece elementos preparatorios para la elaboración de una agenda sobre las exigencias de esos originarios.

También sobre la necesidad de superar el contexto presentado tras la intervención policial a la marcha indígena que se opone a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Los guaraníes propusieron crear una comisión humanitaria para ayudar a afectados en la protesta y otra para profundizar en la investigación de la actuación policial en la caminata. Asimismo, se comprometieron a levantar toda medida de huelga de hambre y bloqueo de caminos.

En la semana, el presidente boliviano Evo Morales denunció que detrás de la marcha indígena hay un plan para hacer fracasar las elecciones judiciales del 16 de octubre próximo.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia confirmó que las elecciones del �»rgano Judicial están garantizadas. De acuerdo con el titular del máximo organismo comicial, Wilfredo Ovando, en esa entidad no se ha considerado siquiera la posibilidad de suspender o postergar el sufragio.

Para el Ejecutivo, más allá del rechazo por supuestos daños al medioambiente, detrás de la movilización se esconden intereses políticos y vínculos con Organizaciones No Gubernamentales y la embajada de Estados Unidos en La Paz.

Sobre esa vía el propio presidente Morales anunció que se suspendía su construcción hasta tanto se realice una consulta con los pobladores de Cochabamba y Beni.

Morales adelantó además la promulgación de una ley que prohíbe los asentamientos ilegales en esa zona, uno de los reclamos de los originarios que piden la carretera.

Respecto a la marcha dijo que tiene tintes políticos y está influenciada por personas que nunca quieren que los indígenas mejoren su situación económica y social.

En estos últimos siete días, el jefe del Estado Plurinacional posesionó a Wilfredo Chávez como ministro de Gobierno, en sustitución de Sacha LLorenti; y a Rubén Saavedra al frente de la cartera de Defensa, en reemplazo de María Cecilia Chacón.

Morales criticó a medios de prensa que difundieron informes acerca de cuatro fallecidos, entre ellos dos menores de edad, durante la intervención a la caminata.

De otra parte, el gobierno tildó de innecesario el paro cívico nacional que convocó la Central Obrera Boliviana (COB) en apoyo a marchistas indígenas y un pliego de demandas sindicales.

De acuerdo con el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, la protesta carece de motivos pues la principal razón fue zanjada con la decisión de someter a consulta la construcción de la vía amazónica entre Cochabamba y Beni.

Asimismo, los sectores de la salud y educación de Bolivia serán beneficiados con un incremento salarial del 11 por ciento. De acuerdo con el ministro de Economía, Luis Arce, la medida tendrá carácter retroactivo desde enero de este año.

Esta semana se divulgó además que se han registrado 302 casos positivos de gripe AH1N1, con mayor incidencia en la región oriental de Santa Cruz (234) de unos mil 341 sospechosos.PL

RM