La violación de los DDHH tendrá una ley

Los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante la Cuarta República tendrán ahora una ley que intentará administrar justicia en términos de investigar y condenar a los responsables de torturas y asesinatos a venezolanos y venezolanas de acuerdo al Estado de derecho y a los tratados internacionales sobre la defensa de los derechos humanos (DDHH) firmados por la República.

Desde que el Parlamento venezolano designó una comisión especial para investigar los crímenes, torturas y desapariciones durante las décadas de los años 60, 70 y 80, constituida el 14 de julio de 2005, conjuntamente con el Ministerio Público, se han producido algunos actos conclusivos sobre los casos puntuales como las masacres de El Amparo, Yumare y Cantaura.

Esa investigación tuvo como resultado un informe final que fue presentado a la directiva de la Asamblea Nacional en el año 2008, para que se iniciara el debate acerca de esos hechos que involucran a los gobiernos de Acción Democrática y Copei, no obstante no se dio el debate. Sin embargo, se inició un proceso de elaboración de proyectos de ley que penalicen los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado de la IV República.

El entonces vicepresidente Ejecutivo de la República José Vicente Rangel fue uno de los aban derados para impulsar las investigaciones relativas a la violación de derechos humanos durante las mencionadas décadas, así lo testimonia un discurso pronunciado en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo en 2005 cuando indicaba que “el Estado venezolano está en mora con los familiares de los torturados, asesinados y desaparecidos durante los gobiernos de la Cuarta República, necesitamos abrir los archivos de inteligencia de los cuerpos policiales durante los años 60, 70 y 80 para hacer que los responsables de estos delitos respondan por sus actuaciones”.

SE MULTIPLICAN LOS TESTIMONIOS

Desde entonces y hasta ahora se han multiplicado los testimonios de torturas y han aparecido nuevas evidencias en miles de casos de violaciones a los derechos humanos en la Cuarta República, igualmente se han hecho anteproyectos para que el Estado lleve adelante los procedimientos legales y la consumación de la mencionada demanda social y política.

LEY CONTRA EL SILENCIO Y EL OLVIDO

En noviembre de 2008 fue presentado ante la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional el anteproyecto de Ley contra el silencio y el olvido de las víctimas de la represión en el año 1959 y las décadas de los años 60, 70, 80 y 90, el cual fue recibido y corregido el 14 de noviembre de 2010.

El mencionado proyecto fue una propuesta de la Fundación Manuel Ponte Rodríguez, la Asociación Bolivariana contra el Silencio y el Olvido (Abconsol) y la Organización de Derechos Humanos de Venezuela (Dehuve).

Contiene en sus objetivos “establecer la verdad de todos los hechos acontecidos en el año 1959 y las décadas de los 60, 70, 80 y 90, la justicia, la memoria y reparación e indemnización a las víctimas de la represión del Estado venezolano (…) por las graves violaciones a los derechos humanos que por motivos políticos se produjo contra quienes perseguían el rescate de la democracia, la justicia social y el verdadero pluralismo político”.

Así, el 6 de febrero de 2011 el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, se reunió con un grupo de familiares y víctimas de la represión de esos años para concretar la formación de una comisión que apoye la continuación de las investigaciones en los casos de violaciones de los DDHH en los años citados. Así fue incluida en la agenda de debates parlamentarios de 2011 la discusión de los proyectos que aborden el tema.

En Venezuela el tema de la insurgencia política desde los 60 hasta hoy, la violación de los derechos humanos, el terrorismo de Estado practicado a lo largo de la IV República, mantiene hasta el día de hoy huellas que algunos sectores de poder no han podido borrar, especialmente los que persiguieron y atormentaron a miles de venezolanas y venezolanos que creyeron y creen en ideales de justicia y liberación social y quienes entregaron sus vidas en aras de la redención política económica y cultural del pueblo venezolano.

Resulta una contradicción escuchar a voceros de la oposición, algunos de los cuales tuvieron responsabilidad directa en actos de violación de derechos humanos, como el actual alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, defendiendo demagógicamente los derechos de procesados por actos delictuales comunes, intentando colocar en el imaginario público nacional e internacional la tesis de que en Venezuela no se respetan los derechos humanos y de que aquí hay una dictadura.

Por esa razón, investigar, documentar y divulgar la memoria de la insurgencia en Venezuela desde los años 60 hasta nuestros días resulta una tarea urgente y necesaria pero además se trata de dar una respuesta al mundo de que en este país los actos de violación de los derechos políticos todavía tienen un saldo que demandar a la luz de los convenios internacionales y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con legislaciones que normen y sancionen los crímenes de lesa humanidad, los tormentos físicos y psicológicos a hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas que estuvieron relacionados con creencias políticas o ideológicas distintas a las que hegemónicamente y por la fuerza intentaban imponer gobiernos llamados “democráticos” pero que en el fondo aplicaban los mismos métodos de las dictaduras militares que operaron en el Cono Sur y Centroamérica bajo la doctrina y manuales de tormento elaborados por el Departamento de Estado del Gobierno estadounidense. Ciudad CCS

CM