Radiografía del descontrol en las cárceles militares

Hace dos años la Procura duría prendió las alarmas por este tema, pero nada se hizo.

Desde febrero del 2009 la Procuraduría advirtió de las graves fallas en los controles sobre los presos de la cárcel militar de Tolemaida, que esta semana quedaron en evidencia por la fuga del mayor César Maldonado (recapturado horas después) y las escandalosas rumbas del mayor Juan Carlos Rodríguez, el ‘Zéus’ de la mafia.

El director de ese momento, mayor Henry Vargas Polanía, se ganó una multa de 4 millones de pesos y una suspensión de 45 días porque, dice el expediente, «otorgó de manera irregular permisos excepcionales de salida a varios internos, pese a que estas solicitudes no contaban con los requisitos legales».

Dos años después, la situación no ha cambiado mucho en la cárcel militar más importante del país. Maldonado, condenado a 25 años, fue visto en varias ocasiones paseando por los balnearios de Melgar.

También hay denuncias de que el mayor Julio César Parga -quien acaba de volver de Estados Unidos (extraditado por narcotráfico y su caso se cerró por falta de pruebas) y está acusado por ‘falsos positivos’ y nexos con grupos ilegales- tuvo hasta cabaña para los fines de semana en su primera estadía en la cárcel de Tolemaida, en el 2009.

La presencia de militares condenados por graves casos de Derechos Humanos es tal vez el factor más crítico en el descontrol de los penales de la Fuerza Pública. En teoría, por tratarse de crímenes que nada tienen que ver con el servicio, deberían estar en cárceles comunes.

EL TIEMPO confrontó una lista de uniformados condenados a penas de hasta 58 años por casos de ‘falsos positivos’ y encontró que al menos una decena están en guarniciones donde gozan de privilegios.

Entre el 2008 y el 2009, por razones que aún no han sido explicadas, el Ejército gestionó el traslado de cuestionados oficiales como Maldonado y Rodríguez, que estaban en La Picota y La Modelo.

En el caso de ‘Zéus’ -condenado por narcotráfico, fugado y recapturado años después por ser el jefe de las ‘fuerzas élite’ del capo ‘Don Diego- su envío se oficializó el 19 de junio del 2009 y se argumentó «descongestión» carcelaria. Semanas atrás, un general activo había ido hasta el Inpec a hacer lobby. «Afirmó que el traslado ayudaba a mantener la estabilidad institucional», sostiene una fuente del Inpec.

Además, desde el Comando del Ejército de la época se ordenó conceder permisos a capitanes y tenientes enredados en ejecuciones extrajudiciales. El actual Comando Ejército investiga hoy por qué decenas de presos salían de las cárceles . Por lo menos 10 oficiales, algunos de altísimo rango, tendrán que explicar sus actuaciones en estos casos.

Esto porque a pesar de que los centros de detención tienen directores, ellos responden a la línea de mando. «Las visitas y los permisos deben ser controlados, pero si a uno lo llama el superior y le dice ‘deje entrar a tal persona’, pues hay que obedecer», dice una fuente del Ejército. Eso se ve en los diferentes batallones de Bogotá donde hay oficiales de alto rango -incluso generales retirados- detenidos.

El Ministerio de Defensa enfrenta una demanda del mayor (r) José Cote, que estuvo al frente de uno de los reclusorios en la PM-13 de Bogotá entre el 2004 y el 2005, y que asegura que fue retirado del cargo por no obedecer a un general del Ejército que le ordenó dejar salir a algunos presos a «hacer diligencias» o a celebraciones familiares.

Contradicciones militares

El capitán Iván Andrés González Villafañe aspiró, preso, al ascenso

Mientras pagaba la condena de 35 años de cárcel por el crimen de tres campesinos en el 2005 en Dabeiba (Antioquia), el capitán Iván Andrés González Villafañe hizo curso de ascenso en Bogotá. Uno de los oficiales que habló con EL TIEMPO contó que González fue recluido inicialmente en Bogotá, donde hizo, con el aval del Ejército, el curso de ascenso a mayor, aún cuando era pública su condena. Finalmente no fue llamado a mayor. Él también está en la cárcel de Tolemaida.

¿A dónde deben ir?

Lo que dice el Código Penitenciario sobre la reclusión de uniformados procesados

Casos especiales

«La autoridad judicial competente o el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), según el caso, podrá disponer la reclusión en lugares especiales, tanto para la detención preventiva como para la condena, en atención a la gravedad de la imputación, condiciones de seguridad, personalidad del individuo, conducta y antecedentes».

Sindicado

«Los miembros de la Fuerza Pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan. La organización y administración se regirán por normas especiales».

Algunos que no están en cárceles

Capitán ( r ) Jaime Alonso Pinto. Fue condenado a 40 años de cárcel por el crimen de dos jóvenes de 14 y 17 años, en marzo de 1997 en Urrao (Antioquia). Está en una reclusión militar.

Capitán Álvaro Camargo Camargo. Un juzgado de Montería lo sentenció a 28 años de prisión por el homicidio de dos jóvenes que aparecieron en una lista de muertos en combate en Córdoba.

Sargento Óscar Orlando Camargo. Tiene una condena de 38 años de cárcel por un ‘falso positivo’ en Córdoba, en febrero del 2006.

Los sargentos Sergio Rojas e Ismael Romero. Fueron condenados a 30 años de prisión por el crimen de dos jóvenes en Medellín en el 2006. Ahora, cumplen la pena juntos en Tolemaida.

Esta semana fueron trasladados a La Picota junto con el mayor Maldonado el cabo Jhony Carvajal Cuéllar y los soldados profesionales Luis Alberto Velandia Sotelo y Giovani Antonio González, quienes purgarán una condena de 45 años; en tanto que el soldado profesional Luis Francisco Escobar Calderón fue condenado a 58 años de prisión. Los cuatro asesinaron a un desmovilizado del Eln.

Otros oficiales que pagan sus condenas en estos centros de reclusión son el general Jaime Humberto Uscátegui, quien fue sentenciado a 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán, en 1997.

También, el coronel Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años de cárcel por los desaparecidos del Palacio de Justicia, en 1985. El tiempo.com

SC.