El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se reunió este martes con la defensora de Derechos Humanos, Piedad Córdoba, para acelerar la liberación unilateral de cinco retenidos de las FARC y acordar la designación del sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez como delegado del Gobierno para que el proceso se realice en la brevedad posible.
Santos dio a Córdoba «su autorización para que proceda con las gestiones encaminadas a obtener, a la mayor brevedad» la liberación de los cinco retenidos, reza un comunicado divulgado por la Presidencia de Colombia.
En el documento, el Gobierno de Colombia manifiesta que “espera que la liberación anunciada por las FARC se lleve a cabo lo más pronto posible” y reitera “su llamado para que se produzca la inmediata liberación de todos los secuestrados” en la nación suramericana.
En una reunión que sostuvieron este martes Santos y Córdoba, también miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz, acordaron que “para garantizar el éxito del proceso, éste se llevará a cabo con total discreción”, indica la nota.
Las gestiones para la liberación de cinco retenidos por el grupo insurgente comenzaron este martes en Colombia con la designación de un delegado gubernamental para oficiar de enlace con la defensora colombiana, informó la Presidencia colombiana.
El Gobierno colombiano ha designado al doctor Eduardo Pizarro Leongómez para que actúe como su interlocutor en el proceso de liberación anunciado por las FARC.
Pizarro fue director de la comisión nacional de reparación y reconciliación (CNRR) y estaba dedicado a labores en materia de desmovilización en la Corte Penal Internacional.
Según Piedad Córdoba, estas liberaciones tardarán cerca de un mes y se prevé que Brasil brinde nuevamente apoyo logístico para el operativo.
Las FARC anunciaron el pasado 8 de diciembre la liberación unilateral de cinco retenidos como gesto de desagravio a la inhabilitación de Piedad Córdoba, a quien agradecen por su labor humanitaria en el conflicto armado que vive esa nación.
Desde 2008, Córdoba ha facilitado la liberación de 14 retenidos de las FARC, fue inhabilitada de su cargo de senadora por la Procuraduría de la República de Colombia, que la acusó de presuntos nexos, colaboración y apoyo al grupo insurgente.
La Procuraduría acusa a Córdoba de “colaborar y promover al grupo armado ilegal de las FARC», y supuestamente tiene comprobado que «instó a este grupo para que fuera hostil contra miembros de partidos políticos y servidores públicos a cambio de estrechar las relaciones».
Córdoba ha rechazado estas decisiones sosteniendo que actuó en toda su labor humanitaria apegada a la ley e incluso con autorización del Gobierno del ex presidente, Álvaro Uribe.
teleSUR-AFP/kg-PR
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