Las FARC-EP: Reingeniería militar y política en 2012

Carlos Medina Gallego*

 

carlos medina gallegoUna nueva dinámica que tomó el conflicto armado en el país durante el 2012 en los aspectos militar y político, ha generado un punto de inflexión, que hoy en medio de un optimismo moderado y un escepticismo extremo, adquiere forma en la dinámica con que se vienen desarrollando la mesa de conversaciones de la Habana, entre el gobierno Nacional y las FARC-EP. Un balance sobre lo ocurrido durante el año ayuda a entender las razones por las cuales, gobierno y guerrilla deciden contra todo pronóstico iniciar de manera tan temprana, en la administración Santos, acercamientos discretos y conversaciones.
  Quisiera desarrollar en este artículo tres ideas centrales:
1. La ofensiva militar desarrollada por la fuerza pública a través de la política de la seguridad democrática, inicialmente, y luego, con los ajustes que ésta tuvo en el modelo de la seguridad para la prosperidad del presidente Santos, le proporcionaron al Estado Colombiano una victoria táctica sobre la insurgencia de las FARC, pero no lograron, a pesar de la importancia de la misma, consolidar una victoria estratégica que hicieran efectivo el anunciado fin del fin de la confrontación, por la vía militar, destruyendo la capacidad operativa y organizativa de la insurgencia.
2. Las FARC vieron transformarse la modalidad táctica y operativa de la fuerza pública y sintieron estremecer sus estructuras organizativas y de mando en una ofensiva que modifico sustancialmente la correlación de fuerzas en el campo militar y transformó en lo esencial las lógicas organizativas y de autoridad interna, así como su modelo de operatividad.
3. El inicio de las conversaciones representa para las FARC una victoria táctica en el campo político frente al gobierno y, para este, una apuesta a la consolidación de la victoria militar estratégica en el escenario político. La guerra vuelve a asumir su forma política.
Victoria táctica sin consolidación estratégica
Comencemos por formularnos unas preguntas orientadoras: ¿cuál es el estado actual de la guerra que “obliga” a las partes a pensarse en términos de un proceso de solución política al conflicto armado?; ¿Por qué el gobierno del presidente Santos, desiste de la idea de la victoria militar sobre la insurgencia y decide establecer relaciones y conversaciones con la FARC-EP colocando todo su capital político y su posible reelección, en ese proceso?; ¿En qué estado se encuentran las FARC-EP que resuelven atender el llamado del gobierno nacional de explorar una camino de solución política para el conflicto?
Existen distintas explicaciones a estas preguntas; las que acá se dan son el resultado de los trabajos de investigación y seguimiento que hacemos al conflicto armado desde el Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional de Colombia, que se ha dedicado en los últimos años a estudiar cada uno de los actores armados y las dinámicas propias del conflicto colombiano.
Lo que nos está mostrando la investigación y los análisis es que el conflicto se encuentra en un punto de inflexión importante en el cual los actores deben tomar decisiones transcendentes, relacionadas con sus proyectos políticos estratégicos y los mecanismos y medios para alcanzarlos: la guerra ha llegado a un lugar en donde las partes han entendido que no se van a derrotar mutuamente, que ninguno va a alcanzar la victoria definitiva sobre su adversario y que, intentarlo, significa conducir al país a un siglo más de guerra, con un agravante: ni social, ni política, ni económica, ni militarmente el país aguanta un periodo más largo de confrontación, con un alto costo en vidas, desarrollo, inversión social y democracia.
La idea de la victoria definitiva sobre la insurgencia ha cedido terreno durante la administración Santos, porque este ha visto llegar a su agotamiento los logros de la política de seguridad democrática y de la prosperidad. Sus estadísticas han comenzado a mostrar un creciente reactivamiento de la capacidad operativa de la insurgencia, como resultado de los aprendizajes que han adquirido para confrontar las nuevas modalidades operativas en los campos de la inteligencia militar y técnica y, el combate aéreo.
Con el comparativo de hechos, vemos que entre enero y octubre del 2012 no hubo un solo mes en donde los actos de guerra de la insurgencia no hubiesen superado los realizados en el año anterior; comienzan a disminuir cuando se hacen públicas las conversaciones y seguramente llegaran a su punto más bajo de parangón por la decisión unilateral de las FARC-EP, de hacer un cese al fuego a partir del 20 de noviembre y hasta el 20 de enero de 2013.
Entre enero y octubre, en las estadísticas de logros del Ministerio de Defensa se reporta un incremento de las acciones de la insurgencia en un 53%, en relación con el año inmediatamente anterior. Esto significa que se paso de 472 acciones de guerra, para el este periodo en el 2011 a 716 acciones en el 2012. Las estadísticas oficiales igualmente muestran un incremento de las acciones de la insurgencia contra la infraestructura y en particular contra la industria petrolera, la que vio afectar sus oleoductos con 142 acciones en el 2012, en relación con los 52 atentados del año anterior, lo que representa un crecimiento de 173%.
Los partes de guerra de las FARC-EP informan de las acciones de hostigamiento, sabotaje, ataques a patrullas del ejército y la policía, voladura de oleoductos, detonación de minados, prácticas de francotiradores, maniobras antiaéreas, entre otras acciones de guerra, desarrolladas por las estructuras de los Bloques Sur, Alfonso Cano, Jorge Briceño, Magdalena Medio, Martin Caballero y sus correspondientes columnas móviles, en los departamentos de Arauca, Meta, Vichada, Guaviare, Putumayo, Caquetá, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Guajira y Bolívar, con distintos grados de intensidad e incidencia. Los reportes muestras que la mayor intensidad del conflicto se localiza en el sur-occidente del país, en Nariño y Cauca, que se han convertido en el laboratorio de guerra de las FARC-EP.
Las estadísticas oficiales muestran una variación significativa en los resultados de las acciones de la fuerza pública en los indicadores de la confrontación; disminuyeron las desmovilizaciones en un 28%, pasando de 1.314 entre enero-octubre de 2011 a 943 en el mismo periodo en el 2012; las capturas y los muertos en combate apenas crecieron ligeramente durante el presente año en un 18% y 11%, respectivamente. La situación de las Fuerza Pública en términos de bajas, si bien mejoro, no deja de ser preocupante, durante el 2012, entre soldados, policías, oficiales, suboficiales arrojo como resultado 336 muertes en cumplimiento del servicio y, dejo 1.983 bajas vivas (heridos), de los cuales 211 producto de minas antipersonales y explosivos abandonados que afectaron igualmente a 151 civiles. En general, el incremento de bajas vivas fue del 9% en comparación con el año anterior.
La fuerza pública también ha tenido que enfrentar una creciente presión jurídica como consecuencia de las formas “anómalas” de las operaciones militares que afectan profundamente la situación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lesionando gravemente los derechos de la población civil; los falsos positivos, son solo una de las muchas formas anómalas que han colocado a oficiales, suboficiales, soldados y policías frente a los tribunales y en las distintas cárceles militares y administrativas del país. Se dice, por parte de los organismos de derechos humanos, que se adelantan más de 1850 procesos contra miembros de la fuerza pública que involucran a más de cuatro millares de militares. Es tal vez de esta situación crítica que surge la idea de la ampliación del fuero militar.
En síntesis, lo que se nota es que hay un claro reactivamiento de la capacidad operativa de la insurgencia, que hace evidente los aprendizajes en la confrontación militar y la puesta en práctica de nuevos laboratorios de guerra en el suroccidente, centro y oriente del país.
Sin embargo, la mayor preocupación que existe en el desarrollo de la confrontación por parte del gobierno, no solo son los resultados obtenidos que comienzan a precarizarse en la relación costo-beneficio, sino los limites de crecimiento y modernización que enfrenta el sector de la defensa en materia presupuestal para el manejo de la economía de la seguridad. De continuarse la guerra, esta aumentara, sin mayores resultados definitivos, los costos y el mantenimiento del conflicto a un sacrificio cada vez mayor del presupuesto destinado a inversión social.
Existe una nueva percepción de los altos mandos de la fuerza pública en relación con el conflicto armado; sectores importantes de la institución militar han contemplado la idea de la necesidad de encontrar una salida negociada. Hay una tácita aceptación de la imposibilidad de la victoria militar estratégica. Esto no significa que su discurso y práctica de guerra contra la insurgencia no mantenga el vigor que adquirió en los últimos años. Resulta saludable para el país, la actitud asumida por la fuerza pública en relación con el proceso en curso del gobierno con las FARC-EP, así el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón Bueno, mantenga su radicalidad verbal frente a los medios cada vez que la fuerza pública recibe un golpe.
Ningún analista se atrevería a decir hoy que los esfuerzos realizados por el gobierno nacional y la fuerza pública contra la insurgencia no han sido exitosos y cambiaron significativamente la correlación de fuerzas en la confrontación armada; pero, son muy pocos los que se arriesgan a decir que se puede alcanzar la victoria militar definitiva contra las FARC-EP y persisten obstinadamente, en llevar el país a una nueva guerra augurándole un estruendoso fracaso al proceso de la Habana. El gobierno nacional parece haber entendido que el desarrollo superior de la guerra está en el escenario político y es allí donde se alcanza la victoria estratégica de una paz duradera y estable para el país y le ha apostado a ello.
Las FARC-EP: de mandos verticales a direcciones colectivas
Uno de los mayores avances que tiene un ejército en el desarrollo de la guerra es saber exactamente cuál es su situación en relación con la dinámica de la misma y tomar las decisiones pertinentes para superar las adversidades y garantizar el logro de sus propósitos en la justa proporción que le posibilita la confrontación.
Las FARC-EP han reconocido la capacidad de su adversario, han aceptado la dureza de los golpes recibidos, han ajustado sus estructuras de mando y organización a las nuevas modalidades de combate que están enfrentando y han hecho los aprendizajes de guerra a un costo altísimo en vidas y experiencias de conducción.
Diez años de confrontación, con grandes pérdidas en hombres en una modalidad de guerra en donde la mayor parte de los muertos nunca entra en combate y donde dirigentes históricos desaparecieron bajo el accionar de la fuerza pública, obliga a la organización a desarrollar una reingeniería organizativa, militar, política y social para poder sobrevivir a la ofensiva y colocarse en un lugar de no aniquilamiento y re-oxigenación. Ese aprendizaje, las FARC-EP, lo hace en un ambiente de deslegitimación nacional e internacional agenciado por el gobierno anterior y actual, con ayuda de los medios de comunicación y, en parte, por su propio comportamiento erróneo.
Pero la ofensiva institucional no solo obliga a la organización a hacer las transformaciones y ajustes organizativos y tácticos para enfrentarla, sino que origina un nuevo orden de legitimidades en la conducción de la misma, que se comienza a notar durante la comandancia de Alfonso Cano y se evidencia en la actual comandancia de Timoleón Jiménez. El régimen de autoridad se transforma; la estructura de mando vertical que prevaleció durante la hegemonía de Manuel Marulanda y habían podido sostener enfoques tradicionales como los de Reyes y Briceño, llega a su fin con la desaparición de éstos; la nueva generación de mando se coloca frente a la organización con un orden de legitimidades mas horizontal, donde si bien, se respeta la estructura de mando jerárquico, la dirección de las FARC-EP se hace más colectiva, porque las cabezas visibles se hacen equivalentes y no resulta sencillo, dar órdenes a un similar sin correr el riesgo de que se fracture la relación mando-obediencia y se produzca una federalización de la organización. Para decirlo de manera directa, todas las cabezas visibles del Secretariado se encuentran en la misma línea de legitimidad y se consideran en una relación de iguales. En esta guerrilla se ha producido el paso de mandos verticales a mandos colectivos por el fenómeno de horizontalización de legitimidades…
Esta situación de dirección colectiva genera una nueva dinámica en la organización en la cual empiezan a expresarse matices, diferencias de enfoque e incluso contradicciones sin que por ello se produzcan rupturas, pues en su conjunto la dirigencia entiende la fortaleza de la organización en su cohesión interna, pero debe ensayar nuevos modelos de relacionamiento democrático, de acuerdos y consensos. En estas condiciones, un valor agregado del proceso, es que la dinámica política se viene imponiendo sobre la militar.
Las FARC-EP se están transformando realmente, a su interior se están produciendo innovaciones organizativas, convergencias unitarias, nuevos imaginarios políticos, direccionamiento y disciplinamiento social y político de sus bases, unidos a una relativa ortodoxia política y a un profundo pragmatismo político y operativo en el marco de un nuevo enfoque táctico que sitúa al centro la acción política.
En los últimos meses del 2011 y durante el primer semestre del 2012, la organización logra ubicarse en un lugar lo suficientemente seguro como para tomar la decisión de involucrarse en un proceso de paz, que guardando todas las reservas que se quiera, les pude permitir argumentar que el conflicto se encuentra en un empate positivo en el cual las partes se pueden dar cita para conversar sobre un acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
El Acuerdo General, un reflejo de la correlación de fuerzas en la guerra
La etapa de acercamiento discreto, la elaboración de una agenda y el inicio de un proceso de conversaciones resulta para ambas partes una victoria política y la expresión de ese empate positivo, el que hay que entender, no como la equivalencia en la correlación de fuerzas en el campo militar, sino como la confluencia de circunstancias, propósitos e iniciativas en el escenario político en torno a un interés común: la PAZ.
Entre el 23 de Febrero y el 26 de Agosto de 2012, comisiones del gobierno nacional y de las FARC-EP, se reúnen en la Habana con la participación de los gobiernos de la República de Cuba y Noruega como garantes y, el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, como facilitador de logística y acompañante. De esa fase exploratoria sale el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que dota al proceso de un manifiesto de voluntades, agenda de conversaciones y reglas de funcionamiento básicas, que el gobierno y FARC-EP, dan a conocer ampliamente al país.
El18 de Octubre del 2012 se da la instalación formal de la Mesa de Conversaciones en Oslo, Noruega, con la intervención del representante de la delegación del Gobierno de Colombia, Humberto de la Calle Lombana y, el jefe de la delegación de las FARC-EP, Iván Márquez. Los discursos plantean lo que tenían que decir y van dirigidos a distintos auditorios para llenar de confianza el proceso y de seguridad a la nación. No obstante, las posturas extremas de inmovilidad absoluta de los modelos y de cambios absolutos de las estructuras, los discursos y las ruedas de prensa lo que reflejan son las razones del conflicto y las urgencias de su superación.
En el caso de las FARC-EP, el discurso de Iván Márquez, se dirige a la comunidad internacional para posesionar el carácter político y revolucionario de la organización, al país para señalar las razones y los retos del conflicto y a sus propias militancias para disipar inquietudes y fortalecer la cohesión organizativa interna. La intervención del Gobierno, no es por diplomática menos radical, en particular su defensa irrestricta de los modelos económico y de seguridad. Pero más allá de esos discursos que fueron lo que tenían que ser, esta la agenda de conversaciones que constituye un acuerdo político sin precedente, con un alto grado de racionalidad y pragmatismo político que refleja en profundidad, la correlación de fuerzas de la confrontación militar.
Siete meses de conversaciones preliminares en más de medio centenar de reuniones van depurando el Acuerdo General, no solo en su contenido y alcances, sino en el sentido de cada uno de sus términos, de tal forma que el mismo adquiere la justa dimensión de los intereses de las partes como reflejo de las posibilidades reales de lo que el estado del conflicto les permite. El acuerdo es el término medio necesario en el cual Gobierno y FARC-EP, ceden hasta quedar tranquilos, sin haber quedado satisfechos, pero con la certeza de no haber renunciado a los principios esenciales y haber puesto por encima el interés supremo de la paz.
El Acuerdo General recoge las experiencias y aprendizajes de los procesos anteriores dados entre Agendas Abiertas y Cerradas y conversaciones en medio del conflicto. Tiene un punto de agenda abierta que busca englobar la solución de los problemas estructurales del conflicto articulado al desarrollo agrario y cinco puntos de agenda cerrada relacionada con la terminación del conflicto y la normalización institucional y política del mismo.
El acuerdo contiene la totalidad de la agenda social y reivindicativa de las FARC-EP, desde el programa agrario del 1964, acompañado por una propuesta de ampliación y profundización de la democracia política, unido al plan desarrollo del gobierno Santos y la responsabilidad del estado de atender los derechos de las víctimas. Es un acuerdo pragmático, que surge en marco de una realidad nacional e internacional que favorecen la finalización del conflicto armado.
La sociedad colombiana tiene que hacerse a la idea de las posibilidades reales de este proceso y no llenarse de expectativas que posteriormente conduzcan a desilusiones colectivas. La mesa de conversaciones de la Habana no es una mesa de negociaciones. Allí de lo que se trata es de establecer acuerdos políticos lo suficientemente claros y asumidos como compromisos para que tengan curso en la definición de una política pública reformista, adquieran la forma de leyes y decretos, planes y programas de desarrollo y, proyectos productivos y de bienestar. Un acuerdo que contribuya a la profundización de la democracia y a la convivencia política y social, sin las incertidumbres y zozobras que actualmente vive la población.
Todos los procesos se mueven entre la esperanza y el escepticismo, la primera tiene que sobreponerse al segundo, los amigos de la paz a sus enemigos, el interés público general al particular.
La fortaleza del gobierno se mide en su convicción para sacar adelante el proceso, sin sentir que está renunciando a nada y sin atender la retorica opositora que sindica al gobierno de estar entregando lo logrado y claudicando ante la subversión. La de las FARC-Ep en entender el momento histórico y adoptar las decisiones correctas para mantener en alto sus banderas sin renunciar a su conquista en el camino de las revoluciones democráticas.
Un proceso de paz exitoso es aquel que se da en el marco de un cortejo de seducción política en el cual las partes terminan enamorados del propósito común de la paz trabajando juntos; es un acuerdo para la reconciliación y la convivencia pacífica en un universo de transformaciones democráticas.
Lo peor que le podría pasar al país es que cada una de las partes tuviese un PLAN B.
*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa. En SurySur, 20.12.2012.
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