Ecuador: El Plan del Buen Vivir, garantía de derechos constitucionales

Por Pedro Rioseco

Quito, 21 jun (PL) El Gobierno de Ecuador intenta que el Plan Nacional para el Buen Vivir se constituya en instrumento que garantice los derechos ciudadanos establecidos por la Constitución, afirmó una fuente autorizada de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

En entrevista con Prensa Latina, María Belén Moncayo, subsecretaria de Planificación Nacional, Territorial y Políticas Públicas de Senplades, precisó que el Plan no es un fin en sí mismo, sino el medio que nos permite sentar las bases para garantizar esos derechos.

En Ecuador nunca habíamos tenido estas dos condiciones: una Constitución que es garantía de los derechos ciudadanos y un instrumento que es el medio para poder alcanzar esos derechos, enfatizó la funcionaria de Senplades.

Cuando asumimos el gobierno el 2007 y el Estado recuperó el rol de planificación del cual carecía en la etapa neoliberal, se proyecta este Plan para el Buen Vivir como un medio, un instrumento, para garantizar los derechos de la ciudadanía, señaló.

Todos los grupos que participaron en la Asamblea Constituyente, subrayó Moncayo, decidieron que el Plan Nacional de Desarrollo sea un instrumento de carácter constitucional como un herramienta de garantía de derechos, lo cual garantiza su continuidad.

La Constitución de 2008, recalcó, consagra la planificación y el Plan Nacional de Desarrollo como de obligatorio cumplimiento para todo el sector público, en términos de orientaciones de la asignación de recursos, definición de políticas, programas y proyectos.

El Plan Nacional del Buen Vivir sienta así las bases para poder propiciar la continuidad histórica de la Revolución Ciudadana, afirmó tras elogiar la vinculación de la garantía de los derechos humanos con la planificación para el desarrollo en la Constitución ecuatoriana.

Este esfuerzo, dijo Moncayo, fue reconocido recientemente por la ONU que sugirió incorporar el enfoque de derecho en la planificación nacional como una buena práctica a tener en cuenta en los procesos e instrumentos de política pública en todos los países.

Ese reconocimiento, comentó, nos permite abrir ese espacio de cooperación Sur-Sur para que puedan aplicar esta experiencia en función de sus particularidades y experiencias propias y profundizar la integración regional.

Nos interesa destacar, puntualizó, el trabajo que permanentemente hacemos para que los ciudadanos consideren el Plan Nacional del Buen Vivir como un mecanismo efectivo de garantía de sus derechos.

Eso implica diseñar estrategias que nos permitan llegar a todos los grupos sociales que podrían tener al Plan como un referente de los objetivos de este gobierno para alcanzar el cumplimiento de los derechos del buen vivir que la Constitución establece.

Esos también son los derechos de la naturaleza, subrayó. Y en esa perspectiva el Plan constituye una especie de carta de navegación de las instituciones públicas, pero también un instrumento de cohesión de la ciudadanía alrededor de un proyecto común de país.

Todo esto nos permite llegar a grupos que tradicionalmente han sido excluidos de los procesos de formulación y puesta en marcha de las políticas públicas, como hicimos hace unos días con el lanzamiento del Plan en escritura Braille para los ecuatorianos no videntes.

Es un esfuerzo enorme, financiero y técnico, orientado a las personas con discapacidad visual, un aporte a la democratización de la información y a su inserción social, destacó, que se realizó con la Federación Nacional de Ciegos y sus organizaciones provinciales.

Antes de esto, puntualizó, nos planteamos aportar a la construcción de las bases de una nueva sociedad en este Estado Plurinacional e Intercultural, con la publicación del Plan del Buen Vivir en lenguas quichua y shuar para comprensión de esos pueblos y nacionalidades.

Para poder hacer posible que estas nacionalidades encuentren en este instrumento un respaldo de la garantía de sus derechos, dijo, pero también para enfatizar que como ecuatorianos tenemos la obligación de construir este Estado diverso en un solo proyecto nacional.

Destacó las complejidades de la traducción del Plan, con categorías que muchas son occidentales y responden a conceptos culturales no puramente lingüísticos, y cuya interpretación a las lenguas ancestrales demostró que podemos hacer planificación con los actores sociales.

Estas nuevas visiones del Buen Vivir con los grupos que antes no han tenido voz, agregó, tenemos que incorporarlas también en el imaginario popular y la estructura docente de profesores y niños para poder transmitirlas generacionalmente.

Estas acciones, subrayó, nos abrieron las puertas para tener relaciones más fuertes con espacios de toma de decisiones que representan a pueblos y nacionalidades en el marco del Plan Nacional para el Buen Vivir.

Un desafío mayor, enfatizó, es tratar de que esa voz plurinacional en las políticas públicas trascienda a quienes toman las decisiones respecto a las acciones públicas y se pueda incorporar en los instrumentos de política sectorial de los ministerios.

Destacó lo que definió como transversalización de los enfoques de derechos y de igualdad que socialmente, recalcó, estamos obligados a impulsar en la política sectorial del gobierno nacional.

Los instrumentos para la garantía de los derechos establecidos en la Constitución son justamente las políticas públicas, las normas legales, y las acciones jurisdiccionales, y el Ejecutivo aporta desde el espacio que le corresponde con las políticas públicas.

Estamos haciendo acción pública y asignando recursos porque sabemos que su objetivo final es garantizar los derechos ciudadanos y de la naturaleza como centro del proceso de cambio, y eso cambia la historia de cómo se ha hecho gestión pública en Ecuador.

Un ejemplo concreto de cómo podemos seguir avanzando en las revoluciones propuestas dentro de la Revolución Ciudadana, es procurar que las decisiones políticas tengan procesos que se puedan institucionalizar y trascender en el tiempo de los gobiernos.

Enunció los avances en la formulación de la política de conservación y preservación del patrimonio, y el enfoque sectorial para garantizar el derecho al agua, no solamente en términos ambientales sino geopolíticos por la importancia creciente de ese recurso natural.

Gracias a una buena orientación de políticas con enfoque de derechos, apuntó, hemos garantizado mejorar las coberturas en salud y educación durante estos cuatro años, y el reconocimiento de todas las formas de trabajo en la seguridad social.

La revolución es un proceso de largo aliento y es importante sentar las bases que permitan construir instrumentos para garantizar el enfoque de derechos, recalcó finalmente Moncayo.♦

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